La Legislatura cordobesa prorrogó la adecuación para instalaciones eléctricas públicas
Este miércoles el cuerpo de legisladores aprobó el proyecto que prorroga el vencimiento del plazo previsto por el artículo 7 de la Ley 10.281 de Seguridad Eléctrica que obligaba a comunas y municipios adecuar, según la normativa, todo el alumbrado público y señalética.
Artículo 7º.- Los municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, deben adecuar dichas instalaciones a la normativa dictada por la Autoridad de Aplicación a tal fin en el plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la referida normativa, acreditándolo ante la correspondiente distribuidora mediante la presentación del Certificado de Instalación Eléctrica Apta.
Con esta modificación, las instalaciones eléctricas de todos los edificios y espacios de acceso público, sean estos interiores o exteriores, de carácter público o privado, tendrán hasta diciembre de 2021 para ser acondicionadas de conformidad con las previsiones técnicas de la ley.
Además, establece para aquellas instalaciones eléctricas existentes, públicas o privadas, en inmuebles o en la vía pública que deban reanudar el servicio de energía, y cuya infraestructura es anterior a la entrada en vigencia de la ley, quedan exentas de la presentación del certificado de apta hasta el día 1º de diciembre de 2021.
Asimismo, la enmienda dispone que los municipios, comunas y reparticiones públicas deberán presentar ante la autoridad de aplicación, antes de diciembre del 2020, los proyectos y programas de adecuación a la ley 10281, conjuntamente con un plan de ejecución que no podrá exceder el plazo de tres años a partir de esa fecha.
No contamos con nuestros representantes
La Fundación Relevando Peligros que impulsó la normativa de seguridad eléctrica manifestó públicamente su descontento con la decisión de los legisladores que sancionaron la normativa 10.670, que prorroga la Ley 10.281.
Creemos que esta decisión refleja involución, irresponsabilidad y mala praxis política. Responsabilizamos directamente a cada legislador que estuvo presente [en el día de ayer] por las víctimas de esta negligencia. La ley aprobada implica la pérdida de un derecho adquirido por los ciudadanos cordobeses: el de la Seguridad Eléctrica, publicaron a través de su cuenta de Facebook.
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