'LA COMUNICACIÓN ES UN BIEN SOCIAL, HAY QUE PROFUNDIZAR LA FEDERALIZACIÓN”
Norma Haydée Durango fue electa recientemente como senadora por el Peronismo Pampeano (2015-2021). Entre otras comisiones, integra el espacio de la bicameral de Promoción y Seguimiento de la comunicación audiovisual. También fue vicegobernador de La Pampa durante la última gestión de Jorge.
Caben pocas dudas de que vivimos en la era del conocimiento, las comunicaciones, la convergencia de tecnologías. Y todo esto se vincula inexorablemente con el desarrollo productivo y de la educación. A partir de estas consideraciones, ¿cuál es su perspectiva respecto a la futura Ley de Convergencia de las Comunicaciones, cuáles serían los aspectos esenciales que entiende debería contemplar?
Yo digo que fundamentalmente debemos trabajar para que la letra de la nueva Ley mantenga los alcances de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque es una buenísima ley, integral, plural y de real democratización de la palabra. Porque se fundó en el debate y la participación federalizando la comunicación y la opinión, sumando criterios por sector y también dando voz a las minorías. Creo que desde esa consigna hay que iniciar cualquier debate. Yo fundamentalmente defiendo la comunicación democrática y no sexista, esto por una cuestión de trabajo de años con las cuestiones de género y las problemáticas que las mujeres atravesamos desde la invisibilización o la distorsión de lo femenino, ni hablar de la violencia mediática y la cosificación de la mujer en algunos contenidos y en algunos tratamientos periodísticos. Por eso uno de mis mayores intereses en cuanto a la comunicación es este, que no sea sexista y que sea inclusiva. Y no sólo por y para las mujeres, también para las minorías históricamente invisibilizadas o discriminadas. La comunicación es un bien público y es un derecho inalienable que debe ser defendido y resguardado.
Otro de los aspectos que creo debe ser custodiado es limitar la concentración que restringe la circulación de la información, porque conspira contra la democracia. En defensa de la libre opinión y la pluralidad para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, la comunicación es un bien social.
Vivimos hablando de federalismo, pero en pocas cuestiones clave el poder central -que se domicilia en la Capital- habilita la participación efectiva de las jurisdicciones provinciales. Desde ese antecedente, ¿no sería una buena oportunidad política y práctica, de implementación, que las provincias formaran parte del órgano a crearse para administrar la gestión de la nueva ley?
Seguramente! Mi concepción de la política pública es la federalización, la descentralización participativa. Propongo desde hace mucho la práctica de la complicidad acústica, esto es la escucha atenta de doble vía, no sólo alguien que habla y dispone mientras otros sólo escuchan. Es ponerse en el lugar del otro, escuchar, dialogar, interpretar los sentires y sumar los saberes. Creo que los aportes que desde las distintas idiosincrasias que tiene el país, desde cada territorio provincial, con sus problemáticas y también sus costumbres y realidades distintivas hacen la construcción real del mapa nacional. En este aspecto es donde la comunicación en nuestro país debe abrevar, si pretende ser realmente inclusiva e integral.
Y en el hilo de ese mismo razonamiento, ¿no agregaría valor y facilitaría la ejecución de sus actividades que las provincias se integraran a Arsat como empresa pública de comunicaciones, con desarrollo satelital y una importante red de fibra óptica desplegada a lo largo de más de 30 mil kilómetros en todo el país?
Sí. Definitivamente, más allá de cuál sea el nombre de la empresa o el organismo, sí creo en la decisión política de sumar tecnología y aprovechamiento de todos los recursos que el Estado Nacional pueda poner a disposición. La administración pública en materia de comunicaciones debe respetar y contener cada realidad provincial, y también cada historia en este sentido, creo que debe sumar sin desconocer las políticas que cada estado provincial lleve adelante o proponga.
Y en cuanto al sector cooperativo, es parte del desarrollo comunitario. Ha contribuido con un rol protagónico y reconocido por la misma ciudadanía, a generar esa visión federal organizándose, creando infraestructuras costosísimas donde primero nacían los asociados y luego los usuarios de los servicios esenciales a los largo de todo el país, en más mil localidades. Primero por la ausencia del Estado y segundo porque a las empresas no les interesaba ir a estos pueblos dado que por ser bajas densidades poblacionales el mercado potencial no era tan atractivo para hacer negocios que buscan siempre la mayor rentabilidad posible.
Ahora bien, ¿cómo se contemplará este fenómeno del cooperativismo de servicios públicos que sucede en la Argentina y nos distingue en el mundo? ¿Habrá protección de esta construcción que con tanto esfuerzo ha realizado la sociedad civil? ¿No sería importante establecer una suerte de 'zona de exclusión', donde los grandes actores no ingresen, a fin de preservar aquella capitalización propia que hicieron los vecinos en cada una de esas localidades 'cooperativizadas'?
Estoy de acuerdo con vos integralmente en la conceptualización respecto de las cooperativas y su función social. En mi provincia tienen ejemplos de lo que decís en cada pueblo, y de hecho son las cooperativas en La Pampa las responsables históricas de la distribución de la energía eléctrica más allá de otros servicios también importantes. Soy defensora de los principios cooperativos. Ahora respecto de las alternativas que ofrece tu pregunta, creo que deberá ser motivo de debate profundo y en este caso como en otros se deberá considerar la opinión del propio sector solidario, ellos deberán proponer lo que crean más conveniente, desde mi lugar creo que la Ley debe procurarles un respaldo que las defienda frente a las grandes corporaciones que persiguen ante todo un fin lucrativo, lejos del fin comunitario de las cooperativas y sus asociadas y asociados. Deberá debatirse profundamente este punto para que no queden las cooperativas sin la posibilidad de competir. No sería justo.