Federaciones, sindicatos y Estado ocupados en la seguridad laboral
El viernes 2 de diciembre, en la localidad de Cosquín, tuvo lugar el último encuentro anual de la Comisión que integran las federaciones de cooperativas de servicios públicos de Córdoba (Face y Fecescor), los sindicatos de Luz y Fuerza de Río Cuarto y el Sirelyf, el Ministerio de Trabajo de Córdoba y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
Del encuentro participaron representantes de todas las partes comprometidas en el programa de prevención y capacitación que la Comisión ha desarrollado a lo largo del 2016. Encabezando la reunión estuvo el director de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Córdoba Sergio Lorenzatti, Marcelo Romero Serna del Ministerio de Trabajo de Córdoba, el vicepresidente de Face Córdoba Raúl Castellino, el tesorero de Fecescor Raúl Hoya, el secretario General del SiReLyF Eduardo Brandolín, el secretario Gremial del SiReLyF Carlos Recalde y Fernando Pizarro del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, junto con docentes y profesionales de activa y permanente colaboración en el proceso de enseñanza.
En este último encuentro se resaltó lo inédito de haber podido llevar adelante esta Comisión compuesta por todos los actores del mercado eléctrico, el esfuerzo realizado y los objetivos alcanzados, dijo Raúl Hoya, tesorero de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor). También quedó de manifiesto la predisposición de las cooperativas para solventar y financiar esta actividad a lo largo del año, que requiere inversiones en logística y capacitación.
En 2016, se capacitaron 1.800 trabajadores vinculados al sector eléctrico de la provincia de Córdoba. Esto no sólo permite cumplir la ley sino también trabajar en condiciones más seguras, lo que redunda en una mejor prestación del servicio para las cooperativas, señaló Hoya.
La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene que hoy está siendo monitoreada por sus resultados positivos por otras provincias, surgió en 2010 por iniciativa de las cooperativas y los sindicatos involucrados sumando luego al Estado y a las ART. El objetivo central es conformar un espacio de diálogo para generar cambios en los hábitos de trabajo que impliquen disminuir los riesgos, a partir de ir consolidando espacios más seguros y el cumplimiento de las normas establecidas.