Aguad confirmó que el proyecto de ley de Comunicaciones irá al Congreso en octubre
Aguad destacó que el texto del proyecto está prácticamente "listo" aunque podría abrirse una nueva ronda de consultas a través de la web, para incorporar nuevos elementos. De esa forma, el funcionario confirmó que el Gobierno esperará hasta los comicios de octubre para que la iniciativa que reemplazará a leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital llegue al Congreso. En septiembre pasado, la Comisión Redactora del proyecto había dado a conocer una plataforma digital para que puedan sumarse propuestas y sugerencias para la redacción de la nueva Ley de Comunicaciones. La plataforma llamada #SumáTuAporte apuntaba a que los ciudadanos enviaran su visión acerca de algún aspecto relevante de la nueva ley que se encuentra en proceso de elaboración. La Comisión Redactora realizó reuniones con académicos, expertos y representantes de la sociedad civil donde recogió aportes de cara a la nueva norma, algo que había sido previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri a poco de asumir, que modificó aspectos clave de ambas normas y disolvió las autoridades de aplicación. El secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio, Héctor Huici, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el especialista Henoch Aguiar, el escritor Santiago Kovadloff, los directores del Enacom Alejandro Pereyra y Silvana Giudici trabajaron en la comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, esto es, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Argentina Digital. Según se indicó en el Boletín Oficial, la nueva ley deberá "garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores".