Por Osvaldo Aguirre

Del cielo al infierno

 

Julio César Grassi volvió a la escena pública después de negarse a dar una muestra de ADN y de presentar una demanda contra su víctima y contra los especialistas y organizaciones que intervinieron en su juicio. Un caso emblemático de pedofilia en la Iglesia Católica argentina.

 

 

Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista 

 

Un tribunal de la provincia de Buenos Aires lo condenó por abuso sexual y corrupción de menores. La sentencia fue confirmada en cada una de las instancias a las que recurrió la defensa. Sin embargo, Julio César Grassi no dejó de ser sacerdote. El pronunciamiento de la Justicia no fue suficiente para que perdiera su condición de representante de la Iglesia Católica argentina.

Grassi volvió a escena en febrero, cuando se negó a entregar una muestra de ADN mediante un hisopado en la boca para el Registro Nacional de Datos Genéticos. El organismo, creado en 2017 en la órbita del Ministerio de Justicia, recopila perfiles de condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. Fue necesaria una nueva orden judicial para que el cura cumpliera con la disposición.

La negativa de Grassi no fue un gesto aislado ni una circunstancia anecdótica. El 28 de marzo demandó por daños y perjuicios al psiquiatra de sus víctimas, al abogado querellante, al conjunto de los fiscales y el Poder Judicial bonaerense, al Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño y a Canal 13. El reclamo no es tan absurdo como parece: demuestra el rechazo del cura pedófilo a asumir la condena por los delitos que cometió, una actitud que, como denuncian diversas organizaciones civiles, compromete también a la Iglesia Católica.

 

Una estrella mediática

Grassi supo relacionarse con la clase política y con los medios de comunicación. En diciembre de 1993 creó la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, donde el gobierno de Carlos Menem le cedió un predio de 65 hectáreas con la autorización para alojar a menores huérfanos y en situación de calle.

La amistad de Grassi con el ministro de Economía Domingo Cavallo fue la llave para obtener, además, un subsidio de casi 5 millones de pesos, en plena convertibilidad. La Fundación llegó a recibir a más de 6.000 chicos, derivados por la Justicia, y a tener su propio Polimodal. La organización de recitales de música, eventos artísticos y teatrales, publicaciones de libros y cenas a las que concurrían dirigentes políticos y empresarios, siempre a beneficio de “la obra del padre Grassi”, como se la llamaba, le aportó legitimidad social y una importante fuente de ingresos.

Felices Los Niños se desplegó como una red. O como una telaraña. A partir de su centro en Hurlingham, abrió hogares en el barrio de Chacarita y en San Martín, José León Suárez y Ezeiza. En 1998, la Fundación tenía 120 empleados –cuyos sueldos pagaba la provincia de Buenos Aires- y recibía aportes de diversas personalidades y empresas, como Domingo Cavallo, Bernardo Neustadt, YPF y Bunge y Born.

La sociedad con Susana Giménez señaló el apogeo mediático de Grassi y el comienzo de su declinación. En 1998 la Fundación Felices los Niños, como entidad de bien común, patrocinó el concurso telefónico “Su llamada”, gestionado por Hard Communication, una empresa de Jorge Born, Rodolfo Galimberti y Jorge “Corcho” Rodríguez.

Mientras el programa de televisión era un éxito en términos de rating y  llamados telefónicos –de los cuales la Fundación percibía un porcentaje-, la Justicia comenzó a investigar a la empresa Hard Communication por evasión impositiva y defraudación. Grassi no estaba conforme con el dinero que recibía y planteó su reclamo en varios medios hasta protagonizar una recordada escena en la que Susana le preguntó si quería construirse un Sheraton.

La imagen del cura benefactor, que dedicaba su vida a los chicos de la calle, comenzó a resquebrajarse.

En 2000 la Justicia de Morón recibió la primera denuncia contra Grassi por abuso de menores, pero la desestimó sin esforzarse demasiado en la investigación. Dos años después una de las víctimas, conocida como Gabriel, contactó a la periodista Miriam Lewin, quien lo llevó a la asesoría de menores de San Isidro y le hizo una entrevista para el programa Telenoche Investiga.

Los hechos habían ocurrido en noviembre de 1996 y la entrevista de Lewin fue el origen de una nueva causa judicial y también de una batalla mediática en la que Grassi contó con la defensa de reconocidos periodistas como Raúl Portal –quien lo había puesto en contacto con Hard Communication- y Mauro Viale.

En apenas dos años, el contexto en el que aparecía la causa contra Grassi había cambiado: las denuncias contra sacerdotes de la Iglesia Católica por pedofilia, reducción a la servidumbre y otros delitos aberrantes se multiplicaban en distintos países del mundo, a partir de la agrupación de víctimas en Estados Unidos e Irlanda. En Argentina, a partir de 2002 se contabilizan más de 60 curas acusados por abusos sexuales.

 

Amenazas y presiones

En la cárcel de Campana, Grassi cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual y otra de dos años por malversación de fondos públicos y por eludir una restricción de la Justicia. Además enfrenta otra causa después de que se descubriera, en 2014, que cambiaba donaciones recibidas en su fundación por privilegios en la prisión. En marzo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en fallo unánime la sentencia por abuso.

El psiquiatra Enrique Stola –uno de los demandados ahora por Grassi- participó en el proceso judicial como terapeuta de Gabriel, el menor que denunció al sacerdote. “Había una estrategia por parte de la defensa del cura y de la Iglesia Católica de sacar como víctima a Gabriel, eso me obligó a estar atento –recuerda-. En un momento tuve que denunciar a un fiscal que lo había hecho renunciar a su rol de particular damnificado”.

Grassi atribuyó primero las acusaciones a una venganza de empleados de la Fundación, después dijo que la víctima lo había extorsionado –denuncia que la Justicia desestimó por falta de pruebas- y presentó una carta adjudicada a Gabriel que supuestamente lo exculpaba pero cuya autenticidad no se comprobó.

“Mi experiencia con el caso Grassi fue terrible –dice Stola-. En 2006 entraron a mi casa varias personas y me dieron una paliza; al año siguiente volvieron a entrar y en 2008 comenzaron una campaña diciendo que yo no era psiquiatra. Querían que dejara el caso”.

En el juicio declararon como testigos, entre otros, dos exempleados de la Fundación, que describieron las relaciones que mantenía Grassi con un grupo de chicos a los que se llamaba “los elegidos” y a quienes les hacía regalos y les otorgaba privilegios, como ropa y obra social. Un perfil de víctima –menores en situación de vulnerabilidad- y un mecanismo –el aislamiento del resto de los chicos, el ofrecimiento de mejores condiciones de vida a cambio de la sumisión- delataban un patrón de comportamiento reiterado.

Miriam Lewin entrevistó a personas que pasaron en distintos períodos por la Fundación. “Todos relataban la misma operatoria: Grassi seleccionaba un chico, empezaba a privilegiarlo, lo sacaba de noche, lo llevaba a su programa de radio, lo sacaba de la escuela secundaria y se lo llevaba, les prestaba el celular, les dejaba manejar la camioneta y los llevaba a dormir a su dormitorio”, declaró.

El caso Grassi resultó emblemático de la trama en que se produce la pedofilia y también de la política de encubrimiento sostenida por la Iglesia Católica, plasmada en la práctica de trasladar a los sacerdotes acusados y de tratar de evitar que las denuncias llegaran a la justicia ordinaria.

 

Mensaje para Francisco

El 24 de febrero de este año, después de la cumbre convocada en el Vaticano para tratar los abusos sexuales y los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, las organizaciones Ending Clergy Abuse y Bishop Accountability, que reúnen a víctimas de sacerdotes violadores, exigieron al papa Francisco que “sea transparente acerca de su propia complicidad” y entregue a las autoridades civiles de la Argentina los documentos de la Iglesia relativos a los casos de Grassi, el padre Nicola Corradi –acusado por violaciones a menores sordomudos en el Instituto Próvolo, de Mendoza- y Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán, en Salta, denunciado por abuso de seminaristas y reubicado como asesor del Papa en el Vaticano.

No es la primera vez que Francisco recibe reclamos para acreditar con hechos la política de tolerancia cero a la pedofilia que dice practicar en la Iglesia. La organización Bishop Accountability ya le había exigido que se disculpara por la protección otorgada a Grassi -una de las apelaciones a la condena judicial fue presentada por la propia Iglesia Católica argentina- y a otro sacerdote, Napoleón Sasso, condenado por abuso de menores en situación de extrema vulnerabilidad.

Jorge Bergoglio, el Papa, fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013 y presidió la Conferencia Episcopal Argentina entre 2005 y 2011. “Durante esos años, mientras los funcionarios de la Iglesia en Estados Unidos y Europa empezaban a abordar la catastrófica situación causada por la ola de abusos sexuales contra niños cometidos por el clero –y hasta los papas Juan Pablo II y Benedicto se pronunciaban públicamente sobre el asunto– Bergoglio guardó silencio sobre la crisis de abusos en Argentina”, denunció la organización en su página web.

Bergoglio “no entregó ningún documento, no mencionó los nombres ni la cantidad de sacerdotes imputados, no dio ningún tipo de instrucciones acerca de cómo afrontar el problema del abuso y ni siquiera pidió perdón a las víctimas”. Mientras tanto, en sus homilías y comunicados, alzaba su dedo acusador contra la corrupción política y la desigualdad en la distribución de la riqueza.

El abogado querellante Juan Pablo Gallego también cuestionó el rol del actual Papa en el caso Grassi. Si bien Bergoglio nunca se pronunció públicamente al respecto, fue responsable del estudio encargado en 2013 al abogado Marcelo Sancinetti, quien dedicó cuatro libros de edición privada a un análisis del expediente. La conclusión fue que el sacerdote era inocente.

 

Predio de la Fundación Felices los niños

 

Como Jesús en la Tierra

“Hay como mínimo dos hechos que pueden facilitar alguna explicación racional sobre esta conducta tan irracional –dice Enrique Stola, a propósito de la demanda presentada por Grassi-. El cura es un tipo absolutamente omnipotente, se cree algo así como un símil de Jesús en la Tierra. Pero esa omnipotencia está sostenida por algo: sigue siendo cura, a pesar de que la sentencia ha sido confirmada en la Corte Suprema y no hay posibilidad de otra instancia para apelar o de cambio de su situación”.

Grassi no es una excepción en la Iglesia Católica. En marzo, a pedido del abogado Juan Pablo Gallego, la Justicia reabrió una causa donde se investiga a Eduardo Lorenzo, capellán mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense, por abuso sexual en la parroquia de Gonnet contra un adolescente de 15 años y otros jóvenes de un grupo misionero en situación de calle.

La denuncia, presentada en 2008, fue archivada en cuatro meses sin que entonces la Justicia se esforzara demasiado por investigar a Lorenzo, quien por otra parte se desempeñó como confesor de Grassi. Familiares del denunciante atribuyeron el desinterés a la influencia que ejercía el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, conocido por sus declaraciones homofóbicas y misóginas.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, una organización que reúne a víctimas de abuso en Argentina e impulsa juicios contra sacerdotes violadores, señaló que Aguer también protegió a otro abusador, el sacerdote Héctor Giménez. En una declaración periodística, el arzobispo atribuyó la pedofilia a los divorcios, como si fuera un problema que no existe en la Iglesia.

La protección hacia Eduardo Lorenzo, según la Red, continúa con el actual arzobispo de La Plata, Víctor Fernández. Otro sacerdote denunciado por abusos, Marcelino Moya, afronta un juicio en Entre Ríos (al cierre de esta edición se esperaba el fallo), provincia donde ya fueron condenados otros dos curas pedófilos, Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, ambos a 25 años de prisión.

“Si Francisco, que es Bergoglio hubiera sido coherente en su lucha contra la pedofilia, cosa que no lo es, porque no es real esa lucha, el condenado cura Grassi tendría que haber sido expulsado de la Iglesia apenas se confirmó su sentencia –señala el psiquiatra Stola-. Grassi dijo en el juicio que Bergoglio no le había soltado la mano y es cierto, lo sigue sosteniendo como cura, y sosteniendo la omnipotencia de este delincuente sexual con condena. Una de las consecuencias es este tipo de conducta, que nos esté haciendo juicio”.

El victimario se siente perjudicado por la difusión de sus delitos. “Si la Justicia le da curso a su demanda, y tengo mis sospechas porque no confío en la Justicia –advierte Stola-, todos los condenados por abuso sexual o violación podrían enjuiciar a los abogados actuantes, los terapeutas, los periodistas investigadores, la gente que opinó sobre el caso”. Grassi desafía al conjunto de la sociedad.