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Mapa de actores sobre el proyecto de “ley corta”

 

 

En Letra P, Ana Bizberge, hace un recorrido por los aportes  y demandas de los diversos actores que participaron en las audiencias en la comisión del Senado que trató el proyecto de convergencia del Ejecutivo.

 

 Ana Bizberge,  miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes, trazó el recorrido del proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs, conocido como “ley corta”, del Ejecutivo a partir del ingreso a las comisiones de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura el pasado 10 de abril.

“Recordemos que el proyecto del Ejecutivo se centra en cuatro aspectos: posibilidad de que las empresas telefónicas puedan brindar servicios de TV satelital, compartición de infraestructura pasiva, liberar el espectro reservado a ARSAT y reglas sobre la comercialización de contenidos y señales”, señala la autora y agrega que: “Las tensiones manifestadas por los actores que participaron de las audiencias también encontrarían un correlato en distintas posturas políticas en el Senado”,

En una síntesis realizada a partir de las versiones taquigráficas de las audiencias, se destacan los aportes de los actores más relevantes. “Los grandes actores del sector de telecomunicaciones, a través de sus cámaras, tienen en general una mirada celebratoria del proyecto”, concluye.

 

  • CICOMRA: ve con buenos ojos el planteo de compartir infraestructura pasiva, poner a disposición más espectro a licenciatarios y “corregir barreras artificiales” permitiendo a las telcos prestar servicios por tecnología satelital. Pero pide que el proyecto se complemente con un marco normativo “claro y uniforme” en materia de autorización, habilitación y control de estructuras, estaciones y sistemas radioeléctricos, tendidos aéreos y subterráneos para prestación de servicios.
  • ASIET: celebra el proyecto de ley como avance ante el rezago regulatorio. No obstante, señala puntos de tensión como la ambigüedad sobre a quién se entregará el espectro de ARSAT y el riesgo de que la regulación de compartición desincentive la inversión. Además, plantea la necesidad de que se siga discutiendo el proyecto de “ley convergente”.
  • GSMA: acuerda con la compartición de infraestructura siempre que esté estructurada por la lógica del mercado (“sin cargas regulatorias o costos de transacción innecesarios”). Al igual que ASIET, plantea que la eventual asignación de espectro de ARSAT requiere más precisiones.
  • Telefónica: de acuerdo con los cuatro principales puntos del proyecto, celebra el principio de neutralidad tecnológica y considera que el proyecto es un paso adecuado para aggiornarse a estándares OCDE.

"Por su parte, los operadores de TV abierta y algunos grandes prestadores de TV por cable plantearon sus reparos al proyecto. Mientras que los primeros se enfocaron en las reglas de must carry, los segundos apuntaron a la agudización del escenario de concentración, con argumentos similares a los de los sectores pyme y cooperativo.

Supercanal está en pro de una convergencia, pero de una convergencia sin concentración”, sostuvo el gerente de Asuntos Legales de la empresa. La compañía pide que la definición de TV por suscripción incluya no solo a IPTV, sino, además, a los OTT. Además, plantea que el plazo de enero de 2019 para que las telcos brinden DTH es exiguo.

Telecentro considera preocupante la habilitación para las telcos para ofrecer DTH, porque supone que no invertirán en redes. Manifestó su intención de brindar servicios móviles y señaló que la simple presentación de una oferta de referencia no es suficiente requisito para garantizar el acceso a la infraestructura de los grandes operadores.

Desde la TV abierta, Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) y América pusieron el foco en la extensión de la regla de must carry para DTH a partir de la libre negociación entre operadores. Es decir, que los licenciatarios de TV abierta puedan negociar bajo reglas de mercado la inclusión de señales en la grilla de TV paga. Por su parte, DirecTV justificó la falta de inclusión de señales de contenido local en su grilla por restricciones tecnológicas y planteó que otras plataformas pueden dar respuesta al problema de must carry. Por último, pidió iniciar un debate sobre piratería digital.

Los sectores cooperativo y pyme en general han pedido reformas referidas a la protección para localidades de menos de 80.000 habitantes. Sus demandas se centran en ampliar la ventana de tiempo para la competencia de DTH (entre tres y cinco años), pero también hacen planteos sobre el acceso a frecuencias y facilidades esenciales.

  • COLSECOR: plantea la necesidad de ampliar el plazo a tres años (hasta 2022) para que las telefónicas comiencen a dar servicios de TV paga (sea por cable o satelital). Además piden que se contemplen incentivos crediticios y facilidades de acceso a redes esenciales de grandes operadores en localidades con menos de 80.000 habitantes. En términos de espectro, reclaman que la reserva de ARSAT sea asignada a las cooperativas.
  • Cámara Argentina de Cableoperadores y Pymes (CACPY): piden frecuencias para las Pymes. Respecto del ingreso de las telefónicas a la TV satelital piden plazo de cinco años a partir de 2019, líneas de crédito y eliminación de aranceles de importación para tecnología de redes.
  • Red Intercable: también propuso una ventana de al menos cinco años prorrogables por igual período en localidades con menos de 80.000 habitantes para que las telefónicas puedan dar TV satelital. A diferencia de las otras organizaciones, aludieron a la comercialización de contenidos, que debe revisarse y estar amparado en otra organización gubernamental.
  • Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa: puso énfasis en la necesidad de establecer criterios para la compartición de infraestructura para los actores con poder dominante. Además pide acceso al espectro de ARSAT y un plazo de cinco años antes de que las telefónicas puedan ofrecer TV satelital.
  • Cable Express de Salta y Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI).: pide la ampliación del plazo hasta 2022 o por cinco años para que las telefónicas ofrezcan TV paga por cualquier tecnología (DTH, cable o cualquier otra). Además demandan la reserva del 25% de las frecuencias que se liberan de ARSAT para destinarlo a

Bizberge también toma nota de los aportes de algunos especialistas. En el caso de Martín Becerra, quien participo de las audiencias, “planteó una serie de problemas del proyecto del Ejecutivo, sobre los que profundizó en su presentación ante el Senado. Allí advirtió, entre otras cosas, que el proyecto brinda incentivos para premiar la desinversión fuera de los centros urbanos densamente poblados, entrega recursos a los grandes conglomerados [espectro] y agrava las asimetrías entre operadores al permitir el uso de las infraestructuras locales sin invertir en ellas, quebrando la economía regional y contenidos informativos y culturales”.

Por su parte, “Damián Loreti y Diego Rossi advirtieron que `los nudos problemáticos del proyecto son más extensos incluso que el articulado de la iniciativa´. Señalaron que el proyecto permite mayor acumulación de frecuencias del espectro a los grandes operadores, impulsa una mayor concentración, no contempla distribución de contenidos nacionales ni locales y delega en el Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en la reglamentación, entre otros puntos”.

 

Fuente: Letra P