Por Gabriel Puricelli

El largo invierno del Brexit

Votar por irse de la Unión Europea ha resultado mucho más sencillo para el Reino Unido que irse en la práctica. Ante el riesgo de un divorcio no pactado surgen nuevas divisiones que ponen en riesgo el gobierno.

 

 Gabriel Puricelli | Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas

 

El pragmatismo realista por el que son conocidos los británicos se puede sintetizar en un apotegma que circula como un dicho de los más habituales en el inglés hablado: no hay tal cosa como un almuerzo gratis. En el debate parlamentario del 15 de enero, cuando el parlamento británico rechazó por una mayoría aplastante el acuerdo de retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que había negociado la primera ministra Theresa May con el vértice de Bruselas, el líder de los nacionalistas escoceses en la Cámara de la Comunes parafraseó: “no hay tal cosa como un buen Brexit”. A casi tres años del referéndum en el que una ajustada mayoría de ciudadanos del reino se decidió por la salida (British Exit), su gobierno se encuentra completamente paralizado y al borde de la crisis y la disolución, atrapado por su incapacidad de asegurar el divorcio menos malo posible.

Entre la sencilla pregunta “¿El Reino Unido debería permanecer como miembro o abandonar la Unión Europea?” y los miles de arreglos comerciales, aduaneros, políticos y administrativos que hay que deshacer para concretar la separación hay una distancia sideral. Desmadejar las normas comunes concebidas y puestas en práctica en 46 años de asociación, intentando evitar efectos bruscos en la vida económica y comercial del país y en los planes de vida de cientos de miles de británicos y norirlandeses que viven en otros países de la UE y de ciudadanos de esos países que viven en el Reino Unido se ha revelado trabajoso, casi imposible. Para dar una idea aproximada de la complejidad, hasta ahora estamos hablando tan sólo de un acuerdo de separación temporario, hasta que las condiciones de una nueva asociación (estrictamente comercial, no política) entre el Reino Unido y la UE hayan sido acordadas, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Los efectos prácticos de la separación son múltiples. Van desde las condiciones en que miles de toneladas de mercancías cruzan el Canal de la Mancha todos los días para mantener abastecidos los supermercados y las farmacias y para asegurarle al país su principal ingreso de divisas, hasta el estatus migratorio de quienes aprovecharon durante las pasadas décadas la libertad de movimiento de las personas.

La cuestión de la integración con el resto de Europa Occidental siempre fue motivo de división en el Reino Unido. El país ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973 y sólo dos años después el gobierno de entonces consultó a la ciudadanía sobre la permanencia en el bloque: dos tercios dijeron que sí y un tercio se opuso. Para 2016, no sólo las condiciones se habían invertido (en lugar de ser convocados a ratificar una situación de hecho, los ciudadanos fueron convocados a decidir si querían abandonar un acuerdo vigente y abrazar una hipótesis), sino que los actores políticos habían invertido sus roles: en 1975, los laboristas habían convocado al referéndum porque estaban divididos frente a la cuestión de la integración europea; en 2016, fueron los conservadores los que forzaron un nuevo referéndum porque no podían ponerse de acuerdo entre ellos acerca del papel a jugar en (o fuera) de la UE. En 1974 los laboristas se presentaron a las elecciones prometiendo un referéndum; en 2015, fueron los conservadores. Junto a esa inversión de roles respecto de cuál era el partido más euroescéptico, la opinión y la actitud de la ciudadanía también habían variado: no sólo la antigua mayoría preeuropea se había encogido, sino que la predisposición a aceptar pasivamente una decisión del Gobierno (como la entrada a la CEE sin consultar, en 1973) se había transformado en una abierta resistencia a ciertos consensos de la elite política.

Muchos de los políticos encargados de poner en práctica la decisión ciudadana de 2016, incluida la primera ministra May son antiguos convencidos de la impractibilidad de la separación. Hoy están obligados a poner en práctica un mandato referendario que no vino con manual de instrucciones. Con ello, nuevas divisiones se han consolidado. La principal opone a partidarios de un Brexit blando y a los de uno duro. May ha sido la cabeza visible de los primeros, esperanzados en una separación que supusiera cambios casi exclusivamente en política migratoria y en materia de acuerdos comerciales extrarregionales. Como si el Reino Unido viajara de colado en la UE, sin pagar su parte de las expensas comunes del bloque. Del otro lado están los que minimizan los riesgos de un divorcio sin acuerdo. Estos últimos fueron el factor decisivo para bochar el acuerdo al que May había llegado con la UE.

El mayor motivo de discordia es la solución que el acuerdo proponía (y que la UE continúa proponiendo) a la cuestión de la frontera terrestre entre la porción norirlandesa del Reino Unido y la República de Irlanda. La total libre circulación en la isla que ocupan la república y los seis condados irlandeses del Ulster, que siguen bajo la soberanía de la monarquía, fue uno de los resultados del acuerdo del Viernes Santo, que terminó con el conflicto civil entre unionistas y partidarios de una Irlanda unificada. Lo que habían pactado la UE y May no afectaba en lo inmediato esa circulación, ya que el Reino Unido seguiría siendo parte de una misma unión aduanera con la UE hasta el último día de 2020. Sin embargo, la cláusula del documento referida al día después desató la controversia: si en ese momento no hubiera modo de implantar de controles aduaneros que no restrinjan la circulación, Irlanda del Norte seguiría dentro de la unión aduanera con la UE y el resto del Reino Unido no. Así, una aduana separaría a Irlanda del Norte no de la República, sino de Gran Bretaña, algo inaceptable para los unionistas, que son no sólo la primera minoría política de esa comunidad, sino que tienen una bancada de diputados en Londres sin los cuales el gobierno de May caería, por falta de mayoría parlamentaria.

Los perdedores del referéndum de 2016, entretanto, se esperanzan. Ante la certeza del caos logístico (el transporte de carga, demorado en los nuevos controles podría tardar días, en vez de horas, en ir y venir desde el continente) y económico de un divorcio sin acuerdo, esperan que haya suficientes arrepentidos entre quienes votaron por irse de la UE como para forzar una nueva consulta. La opción tendría tal vez fuerza si toda la oposición y los eurófilos del oficialismo conservador la abrazaran. Sin embargo, el líder laborista Jeremy Corbyn, euroescéptico a lo largo de buena parte de su carrera, se rehúsa a impulsar un nuevo people vote, porque sabe que para ganar una elección su partido necesita el apoyo de una parte de quienes siguen convencidos de que hay que divorciarse de la UE.

Justo cuando el invierno boreal debía empezar a quedar atrás, el Reino Unido está sumido en la incertidumbre. Del debate parlamentario de enero quedan las palabras de Michael Gove, ministro de Medio Ambiente, que citó al héroe de ficción Jon Snow para decir, como si se tratara (y tal vez así sea) de Game of Thrones, que si su país rechaza el acuerdo que la UE está dispuesta a ofrecer, winter is coming.

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