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Osvaldo Aguirre

El juicio por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán puso en escena las muertes provocadas por desprecio a la identidad de género. Un delito que agrava la pena por homicidio, pero de rara aplicación en las resoluciones judiciales.

 Por Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista 

 

MAPA DEL DELITO | Fue un fallo histórico, pero tuvo poca repercusión en los medios. El 17 de junio el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a la pena de prisión perpetua por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán y consideró como agravantes la violencia de género y también el odio a la identidad de género, un delito contemplado en el Código Penal pero que parece inexistente.

“Se trata del primer asesinato de una persona travesti que es calificado como un crimen por prejuicio o discriminación y con violencia de género, y en el cual por primera vez en nuestro país el sistema de justicia llama por su nombre: travesticidio”, señaló Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem). “Es decir –agregó en su alegato durante el juicio-, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los crímenes cometidos contra personas travestis trans -básicamente, impunidad-, en este caso la Justicia respondió en línea de las exigencias internacionales de los organismos de derechos humanos”.

Gabriel Marino fue una de las dos personas –la investigación continúa para identificar a su cómplice- que asesinó a Sacayán dentro de su departamento ubicado en Avenida Rivadavia 6747, en el barrio de Flores, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015. Ambos atacaron a la víctima con un cuchillo de cocinero, la golpearon, la ataron de pies y manos, la amordazaron y la apuñalaron para causarle múltiples heridas. “El altísimo grado de violencia guarda relación directa con la identidad de género travesti y su militancia”, sostuvo el fiscal Ariel Yapur, quien invocó precisamente como parte de la acusación el artículo 80, inciso 4, del Código Penal, que castiga con prisión perpetua al que mata a otra persona por odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

 

Un antecedente paradigmático

En octubre de 2000, Amnistía Internacional publicó el informe “Crímenes de odio, conspiración de silencio”, que relevaba denuncias de tortura y malos tratos basados en la identidad sexual en diversos países. El documento incluyó el caso de Vanessa Ledesma, una transexual que murió mientras se hallaba bajo custodia en el Precinto 19 –excomisaría 13- de Córdoba.

Ledesma había sido detenida el 11 de febrero de aquel año durante una pelea en un bar. La policía informó que su muerte, cinco días después, se produjo por paro cardíaco. Pero la autopsia mostró que el cuerpo tenía señales de tortura, incluso hematomas graves.

“Los transexuales afrontan un grado muy elevado de discriminación y de abusos –destacó Amnistía en el informe-. A menudo se los trata como los máximos «fuera de la ley del género», y se los castiga no sólo por transgredir las barreras que la sociedad ha construido en torno al género, sino, en algunos casos, por cambiar de sexo biológico. Para muchos, la «condena» por esta transgresión es la violencia, incluida la tortura”.

La muerte de Ledesma resultó paradigmática de la trama que sostiene la impunidad en los crímenes de odio: las amenazas y el hostigamiento de la policía hacia los denunciantes, como le ocurrió a Vanessa Piedrabuena, de la Asociación Travestis Unidas de Córdoba; la administración burocrática de la Justicia, que derivó la causa entre diversos fiscales y jueces sin que ninguno se preocupara por la investigación hasta su cierre por falta de pruebas el 14 de marzo de 2002; la mirada discriminatoria de los medios de comunicación, como la crónica que le dedicó el diario La Voz del Interior.

 

Ensañamiento y desprecio

Los crímenes por odio presentan particularidades en su modo de ejecución. El fenómeno del overkilling, la extrema agresividad identificada por especialistas como rasgo también en los femicidios, es característico: en ellos hay “especial ensañamiento en el modo de ejecutar el crimen, utilización de múltiples armas homicidas, desprecio en el descarte del cuerpo y señales de violencia excesiva en la escena del crimen, entre otras cuestiones”, dijo la fiscal Labozzetta durante el juicio por la muerte de Sacayán.

La especificidad de los asesinatos de travestis “se concentra en estar destinados a la eliminación/erradicación del colectivo travesti trans por razones de discriminación estructural”, señaló Labozzetta. No se trata de una metáfora sino de ideas y propósitos conscientes, como se comprobó en el caso de la banda neonazi Bandera Negra, cuyos integrantes fueron condenados a prisión en mayo pasado en Mar del Plata y que sostenían que las travestis “son aberraciones de la humanidad y no tienen perdón de Dios”.

En uno de los escasos estudios sobre la cuestión (disponible online) el juez de ejecución penal José Milton Peralta señala que “los homicidios por odio merecen una pena más intensa que los comunes porque suelen presentar una fenomenología aberrante consistente en aumentar deliberada e intensamente el sufrimiento de las víctimas”.

El asesinato de la joven trans Vanesa Zabala, ocurrido el 29 de marzo de 2013 en la ciudad santafesina de Reconquista, demostró el grado de ferocidad al que alude Peralta. La víctima fue atacada por seis personas –entre ellas dos menores- y murió por traumatismo de cráneo después de ser arrojada contra los hierros de la estructura de unos carteles de publicidad. Tenía múltiples golpes, cortes en la cara –con una tijera- y un desgarro anal por haber sido empalada con el caño recortado de un ventilador.

La investigación fue impulsada por organismos de derechos humanos y familiares de Vanesa. El 20 de diciembre de 2017 el tribunal de sentencia de la ciudad de Vera condenó a los cuatro acusados a prisión perpetua, pero no incluyó el agravante por odio a la identidad de género.

Si los jueces no lo consideraron probado, Ana Virginia Abasto, condenada por el asesinato, lo proclamó a los gritos: “Que se mueran todos los putos. ¿Qué me importan las familias ni nada? Que se pudran todos los putos”, vociferó, mientras la sacaban esposada de la sala de audiencias, rumbo a la cárcel donde deberá pasar, como mínimo, los próximos 35 años.

 

Neonazis en acción

El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata en 2015 terminó de la peor manera. Las cámaras de televisión registraron los incidentes el 11 de octubre de ese año, cuando dos jóvenes corpulentos y de cabezas rapadas agredieron a golpes a un grupo de mujeres que se manifestaban a favor del aborto frente a la Catedral local. Se trataba de Nicolás Caputo y Oleksandr Levchenko, un joven ucraniano que ostentaba un escudo de madera con la cruz esvástica, integrantes del grupo neonazi Bandera Negra.

La agresión no surgió al azar. Otro integrante de la banda, Gonzalo Paniagua, tenía el programa del Encuentro Nacional de Mujeres, donde había subrayado los talleres de debate sobre anticoncepción y aborto, “lo que permite inferir que el grupo seguía las actividades (realizadas en el Encuentro) para definir sus acciones”, dijeron los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, que condenaron a siete miembros del grupo a penas de entre cuatro y nueve años de prisión efectiva.

Las actividades del grupo, organizado por Alan Olea, Caputo y Paniagua, se formalizaron en enero de 2014, cuando anunciaron la conformación de la rama marplatense del Frente Skinhead Buenos Aires (un video de esa reunión aún se puede ver en YouTube). Hacían el saludo nazi, se identificaban con consignas del nazismo e idolatraban a Marcelo Scalera, una especie de mártir skinhead fallecido en abril de 1996 en una pelea en el Parque Rivadavia, en Buenos Aires.

Además realizaban “entrenamiento de combate” y fantaseaban con hacer “arrestos civiles”, en los que privarían de la libertad a sus enemigos. “Todos sus delitos son delitos de odio que tienen una alta motivación discriminatoria: atacan porque las víctimas son judíos, homosexuales, del colectivo LGBT, bolivianos «que no merecen tocar dinero argentino», punks, anarquistas”, señalaron los jueces marplatenses.

Así, apalearon en grupo y causaron lesiones a Tamara Mora Paz, una travesti en situación de calle que sobrevivía mediante la prostitución, “únicamente por el desprecio hacia la condición transgénero de la víctima”; hostigaron con cuchillos y manoplas a tres adolescentes punks y les advirtieron que los matarían “uno por uno”; amenazaron a una joven por manifestarse como feminista y atea; apalearon y provocaron graves lesiones a militantes anarquistas, en un ataque cuidadosamente planificado, entre otros hechos.

 

La zona de La Perla se transformó en una especie de coto de caza del grupo, que propinaba golpizas y hostigamientos a trabajadoras sexuales por su orientación de género o por su origen racial –una mujer dominicana fue atacada por “tener olor a negra”, dijeron- y a militantes de la comunidad LGBTI, y provocaba daños a locales de instituciones sociales ideológicamente opuestas. Lejos de ocultarse, se jactaban de sus delitos en las redes sociales y difundían discursos donde la xenofobia se combinaba con el delirio: “No a la ocupación boliviana en Salta –dijeron en una especie de comunicado-. No a la indiferencia del gobierno Argentino. Sí a la Patria. Todos por Salta. Evo fuera de Salta o conocerás el verdadero lamento Boliviano. Viva la soberanía Argentina ¡Argentina para los argentinos!”.

Si bien terminó con una condena judicial, el caso de los neonazis marplatenses mostró que las conductas de odio y discriminación no responden a fenómenos aislados sino que enraízan en cuestiones culturales –como el machismo y el menosprecio de las mujeres- y cuentan con la indiferencia y la tolerancia de funcionarios y sectores de la sociedad: los policías marplatenses  desalentaban a las víctimas para hacer las denuncias; en el juicio oral el fiscal Juan Manuel Pettigiani le restó gravedad a los hechos, negó que hubiera motivos de odio y pidió penas leves y absoluciones; el presunto ideólogo del grupo, Carlos Gustavo Pampillón, conocido por sus declaraciones xenófobas y discriminatorias y procesado por otros daños, recibió el beneficio de una probation.

 

La palabra justa

Gabriel Marino la conoció el 9 de septiembre de 2015 en el Cenareso. Ganó su confianza, se convirtió en su pareja y un mes después la asesinó. Diana Sacayán murió víctima de la violencia contra la que luchaba. “Las lesiones fueron de extrema brutalidad, y, por su pluralidad y especificidad, estuvieron dirigidas a marcar el rasgo específico típico del odio”, dijo el juez Adolfo Calvete, presidente del Tribunal que juzgó el hecho.

En el curso del proceso, parte de la discusión giró en torno al reclamo de los querellantes y la fiscalía para que el caso sea considerado como travesticidio. “Los asesinatos de personas LGBTI no suelen categorizarse como crímenes de odio o crímenes por prejuicio y en consecuencia terminan siendo investigados y juzgados como crímenes particulares. Esto perpetúa su invisiblización y, así, favorece el sostenimiento de su impunidad”, planteó la fiscal Mariela Labozzetta.

“Este camino tiene una finalidad de sentido, dar cuenta de que estamos frente a un fenómeno –agregó la titular de la Ufem-. Un fenómeno complejo, estructural, sistemático, que afecta a un colectivo amplio de personas y que es específico. Las travestis, como las mujeres, son asesinadas por ser tales, por su identidad de género, por confrontar los estándares de normalidad. Estos crímenes se repiten, se sostienen, se multiplican y hasta ahora no tenían nombre. Son invisibles. Si no tienen nombre, no tienen reconocimiento. Y si no se les reconoce existencia, no tienen amparo y tampoco tienen consecuencias”. A partir del juicio por el crimen de Diana Sacayán, se llaman travesticidios y reciben la pena máxima que contempla el Código Penal.

 

 

Por Martín Becerra

La compañía de Mark Zuckerberg atraviesa un periodo de turbulencias como nunca jamás vivió. Escándalos, falsificaciones y sospechas atentan contra su valoración financiera. Su impacto en el ecosistema digital perdurará aun si la empresa cayera al precipicio.

Por Martín Becerra | Profesor e Investigador UBA, UNQ y Conicet

 

La noticia, esperable, no deja de impactar: por primera vez desde su concepción en 2004, Facebook acusó un descenso en el número de usuarios activos en Europa. Si tan sólo se tratara de la moderación de su, hasta ahora, crecimiento vertiginoso representado en 2230 millones de usuarios, el amesetamiento no sería una mala nueva. En sus mercados más rentables y maduros, Estados Unidos y Europa, es lógico que Facebook detenga su crecimiento ya que en la población adulta se acerca a un nivel de saturación estadística (más del 90 por ciento es usuaria de la red). Es una escala envidiable para cualquier otra compañía, sea cual sea su rama de actividad. Lo que para Facebook es estancamiento, para el resto es utopía. 

Pero el escenario es bastante más complejo y se combina con el escándalo de la venta de datos de millones de personas por parte de la red social, con la manipulación canalizada vía Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del Brexit (entre otras), con el efecto contagio de las fake news, con la falsificación de cuentas para incrementar artificialmente la audiencia de la plataforma, y con la censura privada de cuestiones tan emblemáticas como la foto de la niña del Napalm o la Declaración de la Independencia estadounidense, donde la corporación tiene su casa matriz. Las citaciones recurrentes a Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de la empresa por parte de legisladores en los países centrales le agregan pimienta a un combo en el que la palabra “pérdida” (de ingresos, de usuarios, de prestigio) se repite con cada vez mayor frecuencia. Tanto, que la valorización bursátil de Facebook sufre una erosión tan importante como impensada hace un año. 

El periodista Gerrit De Vynck, de Bloomberg, dijo el jueves 26 de julio pasado, cuando las acciones de Facebook se desplomaron en Wall Street casi un 20 por ciento, que “la pérdida de Facebook es de aproximadamente 2/3 del tamaño de la pérdida de mercado total en el Martes Negro de 1929, incluso ajustada por inflación. Ese fue el peor día del terrible mes que terminó con los pujantes años 20 y marcó el comienzo de la Gran Depresión". El tiempo dirá si las desventuras bursátiles de la compañía se reducen a una ralentización de los beneficios que produjo hasta este año o si el problema, como todo parece indicar, es mayor. 

La acumulación de tropiezos se traducen en pérdidas, de tenor y naturaleza distintos, y esa senda conduce a la crisis. Puede que no sea crisis terminal, que el tropezón no sea caída definitiva, pero es una situación de descontrol desconocido por uno de los gigantes tecnológicos globales más exitosos y el de mayor calado. Y las respuestas, prometidas por Zuckerberg y sus voceros, no llegan o carecen de eficacia. Sobre llovido, mojado: las nuevas normas europeas de protección de datos personales son más rigurosas con los intermediarios de Internet cuyo negocio se basa, esencialmente, en la gestión y comercialización de esos datos, restringiendo su discrecionalidad y, en consecuencia, afectando su modelo de negocios. Malas noticias no sólo para Facebook, sino también para Google o Amazon. 

Crisis es el término que usan, con cierto regocijo, los medios tradicionales, que amplifican los traspiés de Facebook y la errática senda que tomó su conducción corporativa. Cada fallido de Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos fue festejado por los editores periodísticos de los principales medios como un guiño a aquel refrán que recomendaba esperar en la puerta de casa que pase el cadáver del enemigo. Aunque los periodistas más lúcidos saben en su fuero íntimo que su casa ya no es lo que era, que Facebook es más bien un “eneamigo” (ya que les aportó tráfico y visitas a sus contenidos) y que no hay nostalgia que pueda reconstruir los medios de su edad dorada. Aún si los tropiezos que por ahora son accidentes de Facebook (no su deceso) se agravaran, el ecosistema digital llegó para quedarse y la aparición de nuevos intermediarios reemplazará, eventualmente, a la compañía fundada por Zuckerberg. 

La crisis de Facebook puede ser una oportunidad para que los medios tradicionales promuevan la discusión pública sobre el destino de los ingresos que produce la circulación de los contenidos que los tienen a ellos como usinas principales, aunque la intermediación de Facebook o Google haya logrado capturar gran parte de su comercialización. Tal vez el saneamiento de varias de las prácticas más nocivas que protagonizó Facebook en los dos últimos años, hoy en pleno proceso de estallido, pueda ser aprovechado por los medios para revisar uno de los nervios más sensibles y menos transparentes del ecosistema digital. 

 

Por Gabriel Sued

El Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento un anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por una comisión de especialistas. La propuesta incluye la despenalización de la tenencia y autocultivo de drogas para consumo personal.

 

Por Gabriel Sued | Politólogo y periodista 

 

Tras la convulsión generada por la batalla sobre la legalización del aborto, en el horizonte del Congreso emerge una discusión con fuertes implicaciones sociales y la potencia para abrir otra grieta transversal entre diputados y senadores: el debate sobre la despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo para consumo personal.

Como sucedió con la interrupción voluntaria del embarazo, la discusión podría abrirla el Presidente, si envía sin cambios al Congreso el anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por una comisión de especialistas, encabezada por el juez federal de Casación Penal Mariano Borinsky. Esa propuesta no legaliza las drogas, sino que despenaliza la tenencia para consumo personal, siempre que sea en “escasa cantidad” y en un “ámbito de privacidad”.  

En este caso, Mauricio Macri no podrá alegar neutralidad. La redacción final de la propuesta, que el Poder Ejecutivo recibirá antes de fin de año, depende de la Casa Rosada.

La despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal es sólo un apartado de una reforma integral, de 540 artículos, que tiene como principales objetivos reforzar las herramientas penales para castigar el narcotráfico, la corrupción de funcionarios y empresarios, el terrorismo y el ciberdelito. Pero se convertirá sin dudas en uno de los puntos sobresalientes de una discusión que podría llevar meses y hasta incluso quedar en suspenso por los efectos de una campaña electoral anticipada.

Aunque nunca llegó al recinto, el debate está presente en el Congreso hace años. En especial en la Cámara de Diputados, donde hay al menos tres proyectos con estado parlamentario para avanzar en la despenalización. Un repaso de los autores de esas iniciativas confirma que se trata de una discusión transversal: Nilda Garré (Frente para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur) y Elisa Carrió (Coalición Cívica).

En caso de que el Poder Ejecutivo ratifique la propuesta de la comisión de especialistas, será la primera vez que un presidente proponga una reforma de este tipo.

El anteproyecto que recibió el Gobierno está lejos de suavizar las penas para los delitos vinculados con las drogas. Borinsky no integra el grupo de juristas a los que suele calificarse como “garantistas”. No se trata de una propuesta de legalización sino de despenalización restrictiva que se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema. El proyecto intenta cambiar el sujeto perseguido por el sistema penal: que deje de ser el consumidor y pase a ser el narcotraficante.

Para eso, el nuevo Código aumenta las penas para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico, como la fabricación, la producción y la comercialización, y crea como nueva figura penal la organización internacional dedicada a la venta de estupefacientes. Para los jefes de esas bandas se prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

En la búsqueda de un equilibrio que conforme a todos los sectores, en el texto del anteproyecto se señala que la tenencia de drogas para consumo sigue siendo delito, salvo que sea “escasa cantidad” y en un “ámbito de privacidad”. La misma regla se aplica al autocultivo. La propuesta se basa en el artículo 19 de la Constitución, que determina que “las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral ni derechos de terceros están exentas de la autoridad de los magistrados”.

En este artículo se basó la Corte Suprema en el fallo Arriola, de 2009, para declarar inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737, que reprime con una pena de prisión de un mes a dos años la tenencia de estupefacientes para uso personal. El fallo sirve como jurisprudencia pero no impide que la policía detenga a miles de consumidores por la tenencia de cantidades escasas de drogas y que se abran miles de causas que todos los años terminan en el archivo. Para ajustar la legislación a la jurisprudencia del máximo tribunal hace falta que actúe el Congreso.

El tema dividirá las aguas con rapidez, incluso al interior de las principales bancadas. Como antecedente sirve el debate de la ley que legaliza el uso medicinal del cannabis, sancionada en marzo del año pasado. Aunque fue aprobado por unanimidad en las dos cámaras, el proyecto abrió una fuerte discusión en Diputados. Los promotores de la iniciativa, en su mayoría familias con chicos que padecen enfermedades neurológicas, debieron conformarse con un texto restrictivo que no habilitó el autocultivo ni siquiera para uso medicinal. Los detractores del proyecto advirtieron que se trataba de un primer paso para abrir el debate sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.   

El último intento serio por despenalizar la tenencia se dio en 2012, cuando los entonces diputados Diana Conti (FPV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Donda acordaron un borrador de dictamen para derogar el artículo 14 de la ley de drogas. “Se permiten todos los actos derivados del consumo, tanto la tenencia de drogas como el cultivo de marihuana y las semillas”, decía el texto propuesto por los diputados, que nunca llegó a aprobarse ni siquiera en comisión.

El nuevo proyecto de Donda, de marzo de este año, insiste en la derogación del artículo 14 de la ley de drogas, a la vez que modifica el artículo 5, para habilitar el autocultivo y la comercialización de semillas para consumo personal. También propone despenalizar la tenencia de “las hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión”. A los mismos objetivos apunta el proyecto de Garré, presentado como reproducción de una iniciativa idéntica, de 2016.

Acompañado por todos los diputados de la Coalición Cívica, el proyecto de Carrió promueve un “programa de prevención y asistencia pública integral de las adicciones”, propone el agravamiento de penas para la comercialización del paco y para las organizaciones de narcotráfico, e incluye una despenalización amplia de la tenencia de drogas para consumo personal. Señala que si “de la cantidad y el tipo de sustancia poseída y de las circunstancias de tiempo, lugar y modo” surgiere “que la tenencia es para uso personal, la persona “quedará eximida de pena”.  

 

  • El anteproyecto de Código Penal procura orientar el esfuerzo del sistema penal a la persecución de los narcotraficantes.
  • Sólo se despenaliza la tenencia para consumo personal cuando la cantidad es escasa y se da en un ámbito de privacidad.
  • La propuesta se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo Arriola, de 2009.
  • En Diputados hay proyectos para despenalizar de Victoria Donda (Libres del Sur), Nilda Garré (FPV) y Elisa Carrió (CC).

 

 

 

Por Mario Riorda

Por Mario Riorda | Politólogo. Director Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral

 

La cuestión era llegar. Todo aquel que se aproximara al poder debía llegar, de uno u otro modo, a controlar la cúspide del gobierno. Desde ahí controlar al Estado y una vez ahí el merecimiento máximo: levantar el máximo trofeo de la representación. Más o menos ese era el proceso hace décadas para quien detentara el poder. El Estado era el estadio último. No sólo significaba el último peldaño para garantizar la representación política, sino además desde ahí salían todas las respuestas posibles a las demandas ciudadanas. Gobierno del Estado igual a poder. Perdón, a máximo poder.

Ya no es así.

No es así e incluso muchos que llegan al gobierno lo sufren, lo padecen. Por ejemplo, durante siete años, desde 2002 a 2009, la aprobación de gobierno en promedio aumentó de 36 por ciento a 60 por ciento para los 18 presidentes latinoamericanos. A partir de 2010 esta comienza a bajar. En el año 2009 había 12 gobiernos con más del 50 por ciento y ocho de ellos tenían aprobación de más del 60 por ciento. Eso ha quedado reducido a la mitad en 2013. Y es desde ese año que baja por cuarto año consecutivo alcanzando un 49 por ciento.

En toda América Latina hay más presidentes que tienen diferencial negativo que positivo, es decir, más imagen negativa que positiva. Y los que tienen buena imagen quedaron a merced de crisis devastadoras que les borran 20 puntos de aprobación de un plumazo. Hay que ubicar al gobierno argentino aquí también. Y hay casos, como el del gobierno brasilero con una aprobación menor a 5 por ciento y un rechazo abrumador.

Este padecimiento suele ser más que sufrimiento y se presenta de varios modos novedosos que van más allá de la hostilidad que puede sentirse en el territorio.

Un gobernante, entre otras cosas, siente la necesidad de ser visto u oído. Y es más que una obsesión, es un modo concreto de sentirse representante de representados.

Así, un político veía (o ve) una encuesta llena de números relativos (porcentajes) e interpreta estados de ánimo de ciudadanos anónimos. Caigan bien o mal, siempre son números. Esa sensación sigue vigente pero las redes generan mensajes con nombres y apellidos (descontando trolls) por lo que la obsesión y el sufrimiento mutó a algo peor: el agobio.

Por supuesto que hay que poner en el centro del análisis lo que sufre el ciudadano, que también puede verse agobiado, aunque el sentimiento mayor sin duda alguna es impotencia muchas veces expresada como desafección, lo que implica el deterioro de los niveles de confianza ciudadana, representa situaciones de desapego, de rechazo violento (se habla de violencia moral pero no se descarta la violencia física) para con el sistema político y sus líderes.

Recorriendo la región mientras filmaba un documental denominado En el nombre del pueblo, no me olvidaré nunca la síntesis -en tres palabras- que me transmitió un joven emprendedor que vivía de ofrecer tours a las favelas para que los turistas vean cuán “exótica” es la vida en esos tristes lugares: ira, bronca, odio. Eran los sentimientos que le generaba la clase política, los poderosos. Pero lo curioso es que resumió muy bien la respuesta que fui acopiando en más de 57.000 kilómetros recorridos en dos años por la región.

El poder tiene límites, muchos límites. Estamos en “la era de los límites” según Daniel Innerarity. Un periodo donde hay una mayor presencia de los límites para la acción de gobierno. ¿Qué significa ello? Que no siempre el Estado hace las veces de máximo articulador de las relaciones sociales.

El poder existe (siempre hay un poder), pero la referencia de verlo situado en la autoridad gubernamental es lo que ha mutado. Entonces vaya un poco de luz: el poder no desaparece, se diversifica, se ramifica. Se condice con la clara advertencia – a modo de cliché de época- de Moisés Naím respecto de que, en la actualidad, el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder.  De hecho, cuando Joseph S. Nye distingue sobre los grandes cambios de poder que están aconteciendo en este siglo, sostiene que uno de ellos tiene que ver con lo que llama proceso de difusión vertical, que desplaza el poder de actores estatales a actores no estatales.

Entonces no hay un único poderoso en una jungla. Hay muchos poderosos que entran y salen de diferentes junglas. Y como todos los síntomas, este sentimiento de pérdida de control y disolución del poder tiene un núcleo que suele ser visto como una especie de vaciamiento de los roles dentro de la democracia.

Es evidente que no se cuestiona la democracia como sistema de gobierno. Lo que se cuestiona es el exceso de quienes confundieron la capacidad infinita del Estado.

Por eso el sistema cruje. Más simple y en tips: el Estado aparece expropiado de una parte considerable (y creciente) de su antaño genuino o presunto poder; el gobierno crónicamente aquejado de déficit de poder que se enfrenta al desafío de poderes emancipados del control político - la separación entre poder y política de la que habla Zygmunt Bauman-; la sociedad insatisfecha con su relación estatal replantea la representación gubernamental y ponen los cimientos de nuevas formas de representación democrática; y la democracia como método político con arreglo institucional para llegar a decisiones político-legislativas y administrativas se vuelva obsoleta.

El sociólogo Wolfgang Streeck provoca y hace tiritar la idea del Estado, ¿o de la democracia? Dice que el Estado hoy se encuentra apergaminado de sustancia democrática, que hasta ahora ha tomado forma institucional casi únicamente en el Estado nación. El Estado nación ya no puede garantizar el Estado de Bienestar y la democracia, afirma Jürgen Habermas. Y la respuesta de la sociedad se dispara hacia muchos nortes intentando tener satisfacciones en otras manifestaciones del poder, a las que llega desde la emoción, el resentimiento, el miedo o desde una especie de aquiescencia o sumisión, visto incluso como servidumbre.

En una democracia, el modelo de Estado resulta del juego político, con conflictos y consensos. Y bajando desde la disputa del poder en sus actores políticos, ¿qué Estado pide ahora la ciudadanía? ¿Cuán difícil será construir ese consenso con la sociedad fragmentada? Hoy el debate planteado en la sociedad se amalgama con los comportamientos sociales. Así, la impresión es que mayoritariamente la sociedad suele escoger un Estado con amplia presencia, al que si bien le pide que recorte las erogaciones asociadas con el despilfarro o la corrupción, también le demanda que conserve buena parte de los espacios ganados en la economía y en su acción promotora de derechos e incluso subsidiaria: mantenimiento de determinados subsidios, consideración redistributiva en la política impositiva, control y regulación al sector privado, entre otros aspectos.

La ciudadanía se ha vuelto más exigente con el Estado. No quiere eliminarlo o correrlo de la escena radicalmente, sino que le exige que regule a los mercados con efectividad y que administre los recursos con responsabilidad. No hay debate por un Estado mínimo. Hay una exigencia para articular consensos con actores sociales, políticos, gremiales y económicos sobre temas en los que la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo: educación y salud de calidad, servicios de transporte que funcionen muy bien, seguridad ciudadana para reducir la violencia callejera y políticas económicas que no sólo se orienten al crecimiento, sino al desarrollo del país.

Presencia activa, promoción, acción, control. Respuestas. A secas. Es bastante difícil que estas palabras desaparezcan en lo que la sociedad espera de su Estado. O frente a sus demandas, sin saber si las respuestas vendrán siempre desde el Estado.

Y la pregunta es, ¿todo esto es una especie de gran interrogante que se soluciona con una redefinición del Estado? No, error. Está en plena redefinición la esencia de la política aunque sólo veamos la transformación estética de la misma. El Estado es simplemente la visión vieja y simple del poder total. Poder que ya no es el de antes.