• Crímenes de odio, la violencia invisible

    El juicio por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán puso en escena las muertes provocadas por desprecio a la identidad de género. Un delito que agrava la pena por homicidio, pero de rara aplicación en las resoluciones judiciales.

     Por Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista 

     

    MAPA DEL DELITO | Fue un fallo histórico, pero tuvo poca repercusión en los medios. El 17 de junio el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a la pena de prisión perpetua por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán y consideró como agravantes la violencia de género y también el odio a la identidad de género, un delito contemplado en el Código Penal pero que parece inexistente.

    “Se trata del primer asesinato de una persona travesti que es calificado como un crimen por prejuicio o discriminación y con violencia de género, y en el cual por primera vez en nuestro país el sistema de justicia llama por su nombre: travesticidio”, señaló Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem). “Es decir –agregó en su alegato durante el juicio-, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los crímenes cometidos contra personas travestis trans -básicamente, impunidad-, en este caso la Justicia respondió en línea de las exigencias internacionales de los organismos de derechos humanos”.

    Gabriel Marino fue una de las dos personas –la investigación continúa para identificar a su cómplice- que asesinó a Sacayán dentro de su departamento ubicado en Avenida Rivadavia 6747, en el barrio de Flores, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015. Ambos atacaron a la víctima con un cuchillo de cocinero, la golpearon, la ataron de pies y manos, la amordazaron y la apuñalaron para causarle múltiples heridas. “El altísimo grado de violencia guarda relación directa con la identidad de género travesti y su militancia”, sostuvo el fiscal Ariel Yapur, quien invocó precisamente como parte de la acusación el artículo 80, inciso 4, del Código Penal, que castiga con prisión perpetua al que mata a otra persona por odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

     

    Un antecedente paradigmático

    En octubre de 2000, Amnistía Internacional publicó el informe “Crímenes de odio, conspiración de silencio”, que relevaba denuncias de tortura y malos tratos basados en la identidad sexual en diversos países. El documento incluyó el caso de Vanessa Ledesma, una transexual que murió mientras se hallaba bajo custodia en el Precinto 19 –excomisaría 13- de Córdoba.

    Ledesma había sido detenida el 11 de febrero de aquel año durante una pelea en un bar. La policía informó que su muerte, cinco días después, se produjo por paro cardíaco. Pero la autopsia mostró que el cuerpo tenía señales de tortura, incluso hematomas graves.

    “Los transexuales afrontan un grado muy elevado de discriminación y de abusos –destacó Amnistía en el informe-. A menudo se los trata como los máximos «fuera de la ley del género», y se los castiga no sólo por transgredir las barreras que la sociedad ha construido en torno al género, sino, en algunos casos, por cambiar de sexo biológico. Para muchos, la «condena» por esta transgresión es la violencia, incluida la tortura”.

    La muerte de Ledesma resultó paradigmática de la trama que sostiene la impunidad en los crímenes de odio: las amenazas y el hostigamiento de la policía hacia los denunciantes, como le ocurrió a Vanessa Piedrabuena, de la Asociación Travestis Unidas de Córdoba; la administración burocrática de la Justicia, que derivó la causa entre diversos fiscales y jueces sin que ninguno se preocupara por la investigación hasta su cierre por falta de pruebas el 14 de marzo de 2002; la mirada discriminatoria de los medios de comunicación, como la crónica que le dedicó el diario La Voz del Interior.

     

    Ensañamiento y desprecio

    Los crímenes por odio presentan particularidades en su modo de ejecución. El fenómeno del overkilling, la extrema agresividad identificada por especialistas como rasgo también en los femicidios, es característico: en ellos hay “especial ensañamiento en el modo de ejecutar el crimen, utilización de múltiples armas homicidas, desprecio en el descarte del cuerpo y señales de violencia excesiva en la escena del crimen, entre otras cuestiones”, dijo la fiscal Labozzetta durante el juicio por la muerte de Sacayán.

    La especificidad de los asesinatos de travestis “se concentra en estar destinados a la eliminación/erradicación del colectivo travesti trans por razones de discriminación estructural”, señaló Labozzetta. No se trata de una metáfora sino de ideas y propósitos conscientes, como se comprobó en el caso de la banda neonazi Bandera Negra, cuyos integrantes fueron condenados a prisión en mayo pasado en Mar del Plata y que sostenían que las travestis “son aberraciones de la humanidad y no tienen perdón de Dios”.

    En uno de los escasos estudios sobre la cuestión (disponible online) el juez de ejecución penal José Milton Peralta señala que “los homicidios por odio merecen una pena más intensa que los comunes porque suelen presentar una fenomenología aberrante consistente en aumentar deliberada e intensamente el sufrimiento de las víctimas”.

    El asesinato de la joven trans Vanesa Zabala, ocurrido el 29 de marzo de 2013 en la ciudad santafesina de Reconquista, demostró el grado de ferocidad al que alude Peralta. La víctima fue atacada por seis personas –entre ellas dos menores- y murió por traumatismo de cráneo después de ser arrojada contra los hierros de la estructura de unos carteles de publicidad. Tenía múltiples golpes, cortes en la cara –con una tijera- y un desgarro anal por haber sido empalada con el caño recortado de un ventilador.

    La investigación fue impulsada por organismos de derechos humanos y familiares de Vanesa. El 20 de diciembre de 2017 el tribunal de sentencia de la ciudad de Vera condenó a los cuatro acusados a prisión perpetua, pero no incluyó el agravante por odio a la identidad de género.

    Si los jueces no lo consideraron probado, Ana Virginia Abasto, condenada por el asesinato, lo proclamó a los gritos: “Que se mueran todos los putos. ¿Qué me importan las familias ni nada? Que se pudran todos los putos”, vociferó, mientras la sacaban esposada de la sala de audiencias, rumbo a la cárcel donde deberá pasar, como mínimo, los próximos 35 años.

     

    Neonazis en acción

    El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata en 2015 terminó de la peor manera. Las cámaras de televisión registraron los incidentes el 11 de octubre de ese año, cuando dos jóvenes corpulentos y de cabezas rapadas agredieron a golpes a un grupo de mujeres que se manifestaban a favor del aborto frente a la Catedral local. Se trataba de Nicolás Caputo y Oleksandr Levchenko, un joven ucraniano que ostentaba un escudo de madera con la cruz esvástica, integrantes del grupo neonazi Bandera Negra.

    La agresión no surgió al azar. Otro integrante de la banda, Gonzalo Paniagua, tenía el programa del Encuentro Nacional de Mujeres, donde había subrayado los talleres de debate sobre anticoncepción y aborto, “lo que permite inferir que el grupo seguía las actividades (realizadas en el Encuentro) para definir sus acciones”, dijeron los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, que condenaron a siete miembros del grupo a penas de entre cuatro y nueve años de prisión efectiva.

    Las actividades del grupo, organizado por Alan Olea, Caputo y Paniagua, se formalizaron en enero de 2014, cuando anunciaron la conformación de la rama marplatense del Frente Skinhead Buenos Aires (un video de esa reunión aún se puede ver en YouTube). Hacían el saludo nazi, se identificaban con consignas del nazismo e idolatraban a Marcelo Scalera, una especie de mártir skinhead fallecido en abril de 1996 en una pelea en el Parque Rivadavia, en Buenos Aires.

    Además realizaban “entrenamiento de combate” y fantaseaban con hacer “arrestos civiles”, en los que privarían de la libertad a sus enemigos. “Todos sus delitos son delitos de odio que tienen una alta motivación discriminatoria: atacan porque las víctimas son judíos, homosexuales, del colectivo LGBT, bolivianos «que no merecen tocar dinero argentino», punks, anarquistas”, señalaron los jueces marplatenses.

    Así, apalearon en grupo y causaron lesiones a Tamara Mora Paz, una travesti en situación de calle que sobrevivía mediante la prostitución, “únicamente por el desprecio hacia la condición transgénero de la víctima”; hostigaron con cuchillos y manoplas a tres adolescentes punks y les advirtieron que los matarían “uno por uno”; amenazaron a una joven por manifestarse como feminista y atea; apalearon y provocaron graves lesiones a militantes anarquistas, en un ataque cuidadosamente planificado, entre otros hechos.

     

    La zona de La Perla se transformó en una especie de coto de caza del grupo, que propinaba golpizas y hostigamientos a trabajadoras sexuales por su orientación de género o por su origen racial –una mujer dominicana fue atacada por “tener olor a negra”, dijeron- y a militantes de la comunidad LGBTI, y provocaba daños a locales de instituciones sociales ideológicamente opuestas. Lejos de ocultarse, se jactaban de sus delitos en las redes sociales y difundían discursos donde la xenofobia se combinaba con el delirio: “No a la ocupación boliviana en Salta –dijeron en una especie de comunicado-. No a la indiferencia del gobierno Argentino. Sí a la Patria. Todos por Salta. Evo fuera de Salta o conocerás el verdadero lamento Boliviano. Viva la soberanía Argentina ¡Argentina para los argentinos!”.

    Si bien terminó con una condena judicial, el caso de los neonazis marplatenses mostró que las conductas de odio y discriminación no responden a fenómenos aislados sino que enraízan en cuestiones culturales –como el machismo y el menosprecio de las mujeres- y cuentan con la indiferencia y la tolerancia de funcionarios y sectores de la sociedad: los policías marplatenses  desalentaban a las víctimas para hacer las denuncias; en el juicio oral el fiscal Juan Manuel Pettigiani le restó gravedad a los hechos, negó que hubiera motivos de odio y pidió penas leves y absoluciones; el presunto ideólogo del grupo, Carlos Gustavo Pampillón, conocido por sus declaraciones xenófobas y discriminatorias y procesado por otros daños, recibió el beneficio de una probation.

     

    La palabra justa

    Gabriel Marino la conoció el 9 de septiembre de 2015 en el Cenareso. Ganó su confianza, se convirtió en su pareja y un mes después la asesinó. Diana Sacayán murió víctima de la violencia contra la que luchaba. “Las lesiones fueron de extrema brutalidad, y, por su pluralidad y especificidad, estuvieron dirigidas a marcar el rasgo específico típico del odio”, dijo el juez Adolfo Calvete, presidente del Tribunal que juzgó el hecho.

    En el curso del proceso, parte de la discusión giró en torno al reclamo de los querellantes y la fiscalía para que el caso sea considerado como travesticidio. “Los asesinatos de personas LGBTI no suelen categorizarse como crímenes de odio o crímenes por prejuicio y en consecuencia terminan siendo investigados y juzgados como crímenes particulares. Esto perpetúa su invisiblización y, así, favorece el sostenimiento de su impunidad”, planteó la fiscal Mariela Labozzetta.

    “Este camino tiene una finalidad de sentido, dar cuenta de que estamos frente a un fenómeno –agregó la titular de la Ufem-. Un fenómeno complejo, estructural, sistemático, que afecta a un colectivo amplio de personas y que es específico. Las travestis, como las mujeres, son asesinadas por ser tales, por su identidad de género, por confrontar los estándares de normalidad. Estos crímenes se repiten, se sostienen, se multiplican y hasta ahora no tenían nombre. Son invisibles. Si no tienen nombre, no tienen reconocimiento. Y si no se les reconoce existencia, no tienen amparo y tampoco tienen consecuencias”. A partir del juicio por el crimen de Diana Sacayán, se llaman travesticidios y reciben la pena máxima que contempla el Código Penal.

     

     

  • El negocio de la violencia

    Durante casi dos décadas la banda de los Monos controló el tráfico de drogas en la zona sur de Rosario y se impuso a sangre y fuego contra sus competidores. Después de las condenas de prisión que recibieron sus líderes, el grupo vuelve a desafiar a la Justicia con atentados intimidatorios.

  • Mapa del delito | Cuando las víctimas se convierten en victimarios

    Desde el caso del ingeniero Horacio Santos hasta el del médico Lino Villar Cataldo, los episodios de “justicia por mano propia” conmueven a la sociedad argentina. Un fenómeno que reaviva la discusión en torno a los problemas de la seguridad pública. 

    Osvaldo Aguirre| Escritor y periodista

     

    “Y no tendrás piedad: vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie”. El Deuteronomio, uno de los libros del Antiguo Testamento, formula con esas palabras lo que se conoce como Ley del Talión, un principio de reparación donde el castigo repetía el crimen cometido. Por mucho que el sentido de la administración de justicia se haya desarrollado a través de la moral, la ética y el Derecho, aquella concepción primitiva permanece latente y, como muestra la historia argentina reciente, se activa en períodos de crisis e incertidumbre social.

    La “justicia por mano propia”, como se llama a los crímenes cometidos en nombre de una Justicia que supuestamente no responde, evoca la antigua Ley del Talión. Desde el ingeniero Horacio Santos al médico Lino Villar Cataldo, sus ejecutores se convirtieron en figuras públicas y movilizaron reclamos a la clase política, donde las demandas legítimas de seguridad se confundieron con expresiones autoritarias.

    El caso Santos marcó el ingresó del término “justiciero” al lenguaje cotidiano. Y mostró el modo en que la representación de los delitos, las interpretaciones que se construían a través de los medios masivos, tenían efectos en términos políticos y justificaban decisiones en áreas en principio tan distantes como la economía.

    El 16 de junio de 1990, en Villa Devoto, Santos mató a Osvaldo Daniel Aguirre y Carlos González después de que le robaran el estéreo de su Renault Fuego. El ingeniero, entonces de 42 años, se había entrenado en el uso de armas y persiguió 20 cuadras a los ladrones, que estaban desarmados.

    Osvaldo Daniel Aguirre y Carlos González

     

    Santos se convirtió en el centro de una campaña impulsada por el periodista Bernardo Neustadt, a la que se sumaron dirigentes políticos y personalidades públicas. El entonces presidente Carlos Menem avaló tácitamente su reacción: “Yo no sé cómo habría obrado en una situación similar. Habría que estar adentro de su piel”.

    Neustadt fue más explícito. En un artículo titulado “¡Yo hubiera hecho lo mismo!" definió a Santos como “un líder social que había hecho lo que millones de argentinos en algún momento pensaron hacer” y lo justificó por “el hartazgo de ver tanta impunidad”.

    Lo revelador del episodio no son los detalles del hecho en sí, sino el modo en que registró, tempranamente, los efectos sociales del programa neoliberal. Hijo de un suboficial de bomberos, Santos había completado sus estudios con sacrificio y formado una familia con una arquitecta, también de origen modesto, y cuatro hijos. El ingeniero representaba en el imaginario de la época los valores de esfuerzo y superación de la clase media, y también sus oscuros temores; Aguirre y González, changarines desocupados, con antecedentes policiales menores, hacían presentes a los que comenzaban a quedar en los márgenes de la sociedad, expulsados por las transformaciones de la economía.

    El “justiciero” era una figura que ponía en cuestión el estado de la seguridad y el funcionamiento de la Justicia. La demanda de mayor severidad en las leyes no era nueva, ya que se puede seguir a lo largo del siglo 20 como reacción ante hechos que conmovieron a la opinión pública, pero se inscribía en un contexto específico: la fragmentación social y territorial de la población como efecto de la flexibilidad laboral, la desocupación y el empobrecimiento generalizado de la población. Fue Menem el que expuso la instrumentación política de las cuestiones de seguridad: si no había presupuesto para la Policía, argumentó, era porque las empresas del Estado resultaban deficitarias y en consecuencia había que privatizarlas.

    El debate se concentró en los límites de la legítima defensa y en la imputabilidad del ingeniero, que según sus defensores había actuado bajo emoción violenta, después de que le robaran el estéreo una docena de veces. Poco después, los mismos voceros periodísticos, judiciales y políticos que lo ungieron como modelo comenzaron otra campaña, esta vez en defensa del subcomisario Luis Abelardo Patti, detenido el 2 de octubre de 1990 por apremios ilegales a dos detenidos por un robo en Pilar. “Hizo todo bien”, declaró Menem sobre el policía que supuestamente encarnaba la mano dura ante el delito y terminó condenado por crímenes de lesa humanidad.

    Pese al apoyo que recibía, ratificado por encuestas del momento, Santos nunca accedió a la prensa. Mientras se sometía a un largo proceso judicial, que concluyó con su absolución, prefirió llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas, a quienes resarció con un departamento y dinero. Y no volvió a usar armas.

     

    En banda

    En los relatos periodísticos, el “justiciero” es aquel que reacciona ante un orden injusto, un abuso, algo que lo indigna y lo lleva a la acción ante la ausencia del Estado. Pero la chispa puede ser más amplia e involucrar a grupos de personas, como ocurrió en una serie de casos registrados en distintos puntos del país.

    La “justicia por mano propia” configura en esa versión una especie de movimiento donde se asocian gestos de la pueblada -la reacción espontánea de un grupo social- con prácticas de barbarie, como el linchamiento. La cobertura mediática -por ejemplo, el “acompañamiento” que hacen algunos canales de noticias de los vecinos que salen a la caza de presuntos delincuentes o destruyen sus bienes y viviendas- suele funcionar como un estímulo y a la vez una legitimación de esas acciones.

    Una característica de esos casos es la desproporción entre los delitos y el castigo: robos que no se llegan a producir, arrebatos de carteras y hurtos de teléfonos celulares pueden derivar en la ejecución callejera de los presuntos responsables. Otra es que la participación grupal diluye las responsabilidades: no hay a quién acusar.

    El linchamiento de David Moreira expuso el grado de violencia con que se consuman estos homicidios. El 22 de marzo de 2014 una turba de vecinos del barrio Azcuénaga, en la zona oeste de Rosario, lo atacó después de que intentara robarle el celular a una mujer embarazada. Un video que todavía puede verse en la web muestra que el joven, de 18 años, había sido reducido y estaba en el piso, sin reacción, cuando al menos dos hombres empezaron a darle patadas en la cabeza.

    Moreira murió unos días después. La brutalidad del caso fue replicada por comentarios en las redes sociales que justificaban el asesinato, tildaban de “zurdos” a quienes denunciaban el hecho y exhortaban a mantener silencio ante las averiguaciones de la Justicia.

    El 13 de agosto, el fiscal Florentino Malaponte, pidió seis años de prisión para tres hombres partícipes del crimen, bajo el cargo de homicidio en riña. Basta ver el video, sin embargo, para comprobar que la pelea no existió.

    La situación se repitió en la tarde del 11 de junio de 2015, cuando José Luis Díaz y Claudio Domínguez intentaron robar el celular de un adolescente en el barrio Quebrada de las Rosas, en la ciudad de Córdoba. Los ladrones llevaban una pistola de juguete, y como el adolescente se resistió comenzaron un forcejeo.

    Un grupo de vecinos rodeó a Díaz mientras Domínguez alcanzó a escapar. Entre 15 y 20 personas se reunieron para pegarle mientras estaba en el piso y después lo ataron a un poste para continuar con los golpes. Díaz murió el 24 de junio. Como en el caso de Moreira, la Policía se encontró con una especie de pacto de silencio en la investigación del episodio. Nadie parecía saber nada en el barrio. Finalmente fueron identificados tres vecinos como parte de los agresores.

    La pena de muerte fue también el castigo que recibió Cristian Cortez, de 18 años, por intentar el robo de un celular en la localidad de Rawson, en la provincia de San Juan.

    Cortez fue atacado por un grupo de jóvenes y adolescentes, pero no perdió la conciencia. Llegó a declarar sus datos en la comisaría local, donde lo llevó la policía, pero enseguida se descompuso y, tras entrar en coma, murió el 16 de marzo de este año.

    “Esto no es legítima defensa, es una salvajada, pidamos justicia siempre pero la violencia nunca se puede terminar con más violencia”, declaro Carolina Píparo en Twitter.

    Porque no se trataba ni siquiera de la Ley del Talión. La violencia de la “justicia” superaba a la del delito.

     

    Familiares de David Moreira

    En horario central

     El 18 de octubre de 2017 un grupo de vecinos del barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, acusó a Fabio Santiago Borda de violar a una adolescente de 14 años. Sin más trámite incendiaron la casa del sospechoso y lo apalearon en la calle.

    Borda, un vendedor ambulante de 57 años, falleció una semana después en el hospital José María Cullen. Los vecinos se basaron en la denuncia de la víctima, pero no dieron tiempo a la actuación de la Justicia. La causa fue archivada ante la muerte del hombre.

    “Fue terrible lo que le pasó a la nena y terrible que se siga haciendo justicia por mano propia. Entiendo que la gente se puede enojar pero nada justifica la muerte de alguien”, dijo la fiscal Alejandra Del Río Ayala.

    El 25 de abril de 2018 otro linchamiento alteró la vida cotidiana en la localidad bonaerense de José C. Paz. Vecinos del barrio Favaloro mataron a golpes a un hombre identificado como Ricardo Martínez,  acusado de violar a su propia hija, de 14 años.

    El cuadro estremecedor del hombre moribundo, rodeado por una turba que celebra su muerte y lo insulta, circuló en la web a través de un sitio de noticias relacionado con la policía bonaerense con una leyenda que justificaba el asesinato.

    Si esos crímenes involucran a sectores marginales de la sociedad, el del  médico Villar Cataldo ingresó al horario central de la televisión. El contrapunto entre los protagonistas, convertidos en arquetipos de valores opuestos, volvió a configurar un motivo central en el relato del hecho, como ocurrió con el ingeniero Santos, y el periodismo cumplió de nuevo un rol determinante desde el momento en que el médico apareció en el programa de Alejandro Fantino con un hematoma en la cara y contó su historia personal y los esfuerzos con que llegó a concluir sus estudios universitarios.

    Pero esa fue también una de las diferencias entre ambos casos: mientras el ingeniero rehuyó el asedio del periodismo, el médico recorrió los principales programas de la televisión abierta, incluyendo los almuerzos de Mirtha Legrand. El impacto que provocaban sus declaraciones y su historia de vida -había salvado los libros de medicina de un incendio en la humilde casa de los padres- se inscribió en la línea que había inaugurado Juan Carlos Blumberg: la víctima de un delito erigida en portavoz de reclamos.

    Pero la versión de Villar Cataldo tenía sus fisuras. La investigación judicial comprobó que los hechos no habían ocurrido tal como el médico los contaba, en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, el 26 de agosto de 2016. Según la fiscal Mayko, Villar Cataldo le disparó cuatro tiros a Ricardo Krabler cuando estaba desarmado y no había riesgo para su vida.

    La discusión se reavivó el 25 de septiembre, cuando el carnicero Daniel Oyarzún persiguió a un ladrón en la ciudad de Zárate, lo atropelló con su auto y lo mató. Desde el presidente de la Nación hasta el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hubo entonces declaraciones de apoyo hacia las reacciones contra los delincuentes. “La víctima es el médico”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

    Ese es el sentido último que parece jugarse actualmente en algunas discusiones sobre la seguridad pública y en particular en la “justicia por mano propia”: la definición de quiénes son las víctimas del delito. La estigmatización de la defensa de los derechos humanos -como una defensa “de los delincuentes”- y la demonización del respeto a garantías constitucionales -bajo la etiqueta del “garantismo”- son presupuestos de un orden represivo donde ciertas personas y sectores pueden representarse como víctimas, a diferencia de otros a los que se niegan los derechos básicos. Hasta el derecho a la vida.