• Crímenes de odio, la violencia invisible

    El juicio por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán puso en escena las muertes provocadas por desprecio a la identidad de género. Un delito que agrava la pena por homicidio, pero de rara aplicación en las resoluciones judiciales.

     Por Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista 

     

    MAPA DEL DELITO | Fue un fallo histórico, pero tuvo poca repercusión en los medios. El 17 de junio el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a la pena de prisión perpetua por el asesinato de la militante trans Diana Sacayán y consideró como agravantes la violencia de género y también el odio a la identidad de género, un delito contemplado en el Código Penal pero que parece inexistente.

    “Se trata del primer asesinato de una persona travesti que es calificado como un crimen por prejuicio o discriminación y con violencia de género, y en el cual por primera vez en nuestro país el sistema de justicia llama por su nombre: travesticidio”, señaló Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem). “Es decir –agregó en su alegato durante el juicio-, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los crímenes cometidos contra personas travestis trans -básicamente, impunidad-, en este caso la Justicia respondió en línea de las exigencias internacionales de los organismos de derechos humanos”.

    Gabriel Marino fue una de las dos personas –la investigación continúa para identificar a su cómplice- que asesinó a Sacayán dentro de su departamento ubicado en Avenida Rivadavia 6747, en el barrio de Flores, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015. Ambos atacaron a la víctima con un cuchillo de cocinero, la golpearon, la ataron de pies y manos, la amordazaron y la apuñalaron para causarle múltiples heridas. “El altísimo grado de violencia guarda relación directa con la identidad de género travesti y su militancia”, sostuvo el fiscal Ariel Yapur, quien invocó precisamente como parte de la acusación el artículo 80, inciso 4, del Código Penal, que castiga con prisión perpetua al que mata a otra persona por odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

     

    Un antecedente paradigmático

    En octubre de 2000, Amnistía Internacional publicó el informe “Crímenes de odio, conspiración de silencio”, que relevaba denuncias de tortura y malos tratos basados en la identidad sexual en diversos países. El documento incluyó el caso de Vanessa Ledesma, una transexual que murió mientras se hallaba bajo custodia en el Precinto 19 –excomisaría 13- de Córdoba.

    Ledesma había sido detenida el 11 de febrero de aquel año durante una pelea en un bar. La policía informó que su muerte, cinco días después, se produjo por paro cardíaco. Pero la autopsia mostró que el cuerpo tenía señales de tortura, incluso hematomas graves.

    “Los transexuales afrontan un grado muy elevado de discriminación y de abusos –destacó Amnistía en el informe-. A menudo se los trata como los máximos «fuera de la ley del género», y se los castiga no sólo por transgredir las barreras que la sociedad ha construido en torno al género, sino, en algunos casos, por cambiar de sexo biológico. Para muchos, la «condena» por esta transgresión es la violencia, incluida la tortura”.

    La muerte de Ledesma resultó paradigmática de la trama que sostiene la impunidad en los crímenes de odio: las amenazas y el hostigamiento de la policía hacia los denunciantes, como le ocurrió a Vanessa Piedrabuena, de la Asociación Travestis Unidas de Córdoba; la administración burocrática de la Justicia, que derivó la causa entre diversos fiscales y jueces sin que ninguno se preocupara por la investigación hasta su cierre por falta de pruebas el 14 de marzo de 2002; la mirada discriminatoria de los medios de comunicación, como la crónica que le dedicó el diario La Voz del Interior.

     

    Ensañamiento y desprecio

    Los crímenes por odio presentan particularidades en su modo de ejecución. El fenómeno del overkilling, la extrema agresividad identificada por especialistas como rasgo también en los femicidios, es característico: en ellos hay “especial ensañamiento en el modo de ejecutar el crimen, utilización de múltiples armas homicidas, desprecio en el descarte del cuerpo y señales de violencia excesiva en la escena del crimen, entre otras cuestiones”, dijo la fiscal Labozzetta durante el juicio por la muerte de Sacayán.

    La especificidad de los asesinatos de travestis “se concentra en estar destinados a la eliminación/erradicación del colectivo travesti trans por razones de discriminación estructural”, señaló Labozzetta. No se trata de una metáfora sino de ideas y propósitos conscientes, como se comprobó en el caso de la banda neonazi Bandera Negra, cuyos integrantes fueron condenados a prisión en mayo pasado en Mar del Plata y que sostenían que las travestis “son aberraciones de la humanidad y no tienen perdón de Dios”.

    En uno de los escasos estudios sobre la cuestión (disponible online) el juez de ejecución penal José Milton Peralta señala que “los homicidios por odio merecen una pena más intensa que los comunes porque suelen presentar una fenomenología aberrante consistente en aumentar deliberada e intensamente el sufrimiento de las víctimas”.

    El asesinato de la joven trans Vanesa Zabala, ocurrido el 29 de marzo de 2013 en la ciudad santafesina de Reconquista, demostró el grado de ferocidad al que alude Peralta. La víctima fue atacada por seis personas –entre ellas dos menores- y murió por traumatismo de cráneo después de ser arrojada contra los hierros de la estructura de unos carteles de publicidad. Tenía múltiples golpes, cortes en la cara –con una tijera- y un desgarro anal por haber sido empalada con el caño recortado de un ventilador.

    La investigación fue impulsada por organismos de derechos humanos y familiares de Vanesa. El 20 de diciembre de 2017 el tribunal de sentencia de la ciudad de Vera condenó a los cuatro acusados a prisión perpetua, pero no incluyó el agravante por odio a la identidad de género.

    Si los jueces no lo consideraron probado, Ana Virginia Abasto, condenada por el asesinato, lo proclamó a los gritos: “Que se mueran todos los putos. ¿Qué me importan las familias ni nada? Que se pudran todos los putos”, vociferó, mientras la sacaban esposada de la sala de audiencias, rumbo a la cárcel donde deberá pasar, como mínimo, los próximos 35 años.

     

    Neonazis en acción

    El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata en 2015 terminó de la peor manera. Las cámaras de televisión registraron los incidentes el 11 de octubre de ese año, cuando dos jóvenes corpulentos y de cabezas rapadas agredieron a golpes a un grupo de mujeres que se manifestaban a favor del aborto frente a la Catedral local. Se trataba de Nicolás Caputo y Oleksandr Levchenko, un joven ucraniano que ostentaba un escudo de madera con la cruz esvástica, integrantes del grupo neonazi Bandera Negra.

    La agresión no surgió al azar. Otro integrante de la banda, Gonzalo Paniagua, tenía el programa del Encuentro Nacional de Mujeres, donde había subrayado los talleres de debate sobre anticoncepción y aborto, “lo que permite inferir que el grupo seguía las actividades (realizadas en el Encuentro) para definir sus acciones”, dijeron los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, que condenaron a siete miembros del grupo a penas de entre cuatro y nueve años de prisión efectiva.

    Las actividades del grupo, organizado por Alan Olea, Caputo y Paniagua, se formalizaron en enero de 2014, cuando anunciaron la conformación de la rama marplatense del Frente Skinhead Buenos Aires (un video de esa reunión aún se puede ver en YouTube). Hacían el saludo nazi, se identificaban con consignas del nazismo e idolatraban a Marcelo Scalera, una especie de mártir skinhead fallecido en abril de 1996 en una pelea en el Parque Rivadavia, en Buenos Aires.

    Además realizaban “entrenamiento de combate” y fantaseaban con hacer “arrestos civiles”, en los que privarían de la libertad a sus enemigos. “Todos sus delitos son delitos de odio que tienen una alta motivación discriminatoria: atacan porque las víctimas son judíos, homosexuales, del colectivo LGBT, bolivianos «que no merecen tocar dinero argentino», punks, anarquistas”, señalaron los jueces marplatenses.

    Así, apalearon en grupo y causaron lesiones a Tamara Mora Paz, una travesti en situación de calle que sobrevivía mediante la prostitución, “únicamente por el desprecio hacia la condición transgénero de la víctima”; hostigaron con cuchillos y manoplas a tres adolescentes punks y les advirtieron que los matarían “uno por uno”; amenazaron a una joven por manifestarse como feminista y atea; apalearon y provocaron graves lesiones a militantes anarquistas, en un ataque cuidadosamente planificado, entre otros hechos.

     

    La zona de La Perla se transformó en una especie de coto de caza del grupo, que propinaba golpizas y hostigamientos a trabajadoras sexuales por su orientación de género o por su origen racial –una mujer dominicana fue atacada por “tener olor a negra”, dijeron- y a militantes de la comunidad LGBTI, y provocaba daños a locales de instituciones sociales ideológicamente opuestas. Lejos de ocultarse, se jactaban de sus delitos en las redes sociales y difundían discursos donde la xenofobia se combinaba con el delirio: “No a la ocupación boliviana en Salta –dijeron en una especie de comunicado-. No a la indiferencia del gobierno Argentino. Sí a la Patria. Todos por Salta. Evo fuera de Salta o conocerás el verdadero lamento Boliviano. Viva la soberanía Argentina ¡Argentina para los argentinos!”.

    Si bien terminó con una condena judicial, el caso de los neonazis marplatenses mostró que las conductas de odio y discriminación no responden a fenómenos aislados sino que enraízan en cuestiones culturales –como el machismo y el menosprecio de las mujeres- y cuentan con la indiferencia y la tolerancia de funcionarios y sectores de la sociedad: los policías marplatenses  desalentaban a las víctimas para hacer las denuncias; en el juicio oral el fiscal Juan Manuel Pettigiani le restó gravedad a los hechos, negó que hubiera motivos de odio y pidió penas leves y absoluciones; el presunto ideólogo del grupo, Carlos Gustavo Pampillón, conocido por sus declaraciones xenófobas y discriminatorias y procesado por otros daños, recibió el beneficio de una probation.

     

    La palabra justa

    Gabriel Marino la conoció el 9 de septiembre de 2015 en el Cenareso. Ganó su confianza, se convirtió en su pareja y un mes después la asesinó. Diana Sacayán murió víctima de la violencia contra la que luchaba. “Las lesiones fueron de extrema brutalidad, y, por su pluralidad y especificidad, estuvieron dirigidas a marcar el rasgo específico típico del odio”, dijo el juez Adolfo Calvete, presidente del Tribunal que juzgó el hecho.

    En el curso del proceso, parte de la discusión giró en torno al reclamo de los querellantes y la fiscalía para que el caso sea considerado como travesticidio. “Los asesinatos de personas LGBTI no suelen categorizarse como crímenes de odio o crímenes por prejuicio y en consecuencia terminan siendo investigados y juzgados como crímenes particulares. Esto perpetúa su invisiblización y, así, favorece el sostenimiento de su impunidad”, planteó la fiscal Mariela Labozzetta.

    “Este camino tiene una finalidad de sentido, dar cuenta de que estamos frente a un fenómeno –agregó la titular de la Ufem-. Un fenómeno complejo, estructural, sistemático, que afecta a un colectivo amplio de personas y que es específico. Las travestis, como las mujeres, son asesinadas por ser tales, por su identidad de género, por confrontar los estándares de normalidad. Estos crímenes se repiten, se sostienen, se multiplican y hasta ahora no tenían nombre. Son invisibles. Si no tienen nombre, no tienen reconocimiento. Y si no se les reconoce existencia, no tienen amparo y tampoco tienen consecuencias”. A partir del juicio por el crimen de Diana Sacayán, se llaman travesticidios y reciben la pena máxima que contempla el Código Penal.

     

     

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