• El largo invierno del Brexit

    Votar por irse de la Unión Europea ha resultado mucho más sencillo para el Reino Unido que irse en la práctica. Ante el riesgo de un divorcio no pactado surgen nuevas divisiones que ponen en riesgo el gobierno.

     

     Gabriel Puricelli | Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas

     

    El pragmatismo realista por el que son conocidos los británicos se puede sintetizar en un apotegma que circula como un dicho de los más habituales en el inglés hablado: no hay tal cosa como un almuerzo gratis. En el debate parlamentario del 15 de enero, cuando el parlamento británico rechazó por una mayoría aplastante el acuerdo de retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que había negociado la primera ministra Theresa May con el vértice de Bruselas, el líder de los nacionalistas escoceses en la Cámara de la Comunes parafraseó: “no hay tal cosa como un buen Brexit”. A casi tres años del referéndum en el que una ajustada mayoría de ciudadanos del reino se decidió por la salida (British Exit), su gobierno se encuentra completamente paralizado y al borde de la crisis y la disolución, atrapado por su incapacidad de asegurar el divorcio menos malo posible.

    Entre la sencilla pregunta “¿El Reino Unido debería permanecer como miembro o abandonar la Unión Europea?” y los miles de arreglos comerciales, aduaneros, políticos y administrativos que hay que deshacer para concretar la separación hay una distancia sideral. Desmadejar las normas comunes concebidas y puestas en práctica en 46 años de asociación, intentando evitar efectos bruscos en la vida económica y comercial del país y en los planes de vida de cientos de miles de británicos y norirlandeses que viven en otros países de la UE y de ciudadanos de esos países que viven en el Reino Unido se ha revelado trabajoso, casi imposible. Para dar una idea aproximada de la complejidad, hasta ahora estamos hablando tan sólo de un acuerdo de separación temporario, hasta que las condiciones de una nueva asociación (estrictamente comercial, no política) entre el Reino Unido y la UE hayan sido acordadas, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

    Los efectos prácticos de la separación son múltiples. Van desde las condiciones en que miles de toneladas de mercancías cruzan el Canal de la Mancha todos los días para mantener abastecidos los supermercados y las farmacias y para asegurarle al país su principal ingreso de divisas, hasta el estatus migratorio de quienes aprovecharon durante las pasadas décadas la libertad de movimiento de las personas.

    La cuestión de la integración con el resto de Europa Occidental siempre fue motivo de división en el Reino Unido. El país ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973 y sólo dos años después el gobierno de entonces consultó a la ciudadanía sobre la permanencia en el bloque: dos tercios dijeron que sí y un tercio se opuso. Para 2016, no sólo las condiciones se habían invertido (en lugar de ser convocados a ratificar una situación de hecho, los ciudadanos fueron convocados a decidir si querían abandonar un acuerdo vigente y abrazar una hipótesis), sino que los actores políticos habían invertido sus roles: en 1975, los laboristas habían convocado al referéndum porque estaban divididos frente a la cuestión de la integración europea; en 2016, fueron los conservadores los que forzaron un nuevo referéndum porque no podían ponerse de acuerdo entre ellos acerca del papel a jugar en (o fuera) de la UE. En 1974 los laboristas se presentaron a las elecciones prometiendo un referéndum; en 2015, fueron los conservadores. Junto a esa inversión de roles respecto de cuál era el partido más euroescéptico, la opinión y la actitud de la ciudadanía también habían variado: no sólo la antigua mayoría preeuropea se había encogido, sino que la predisposición a aceptar pasivamente una decisión del Gobierno (como la entrada a la CEE sin consultar, en 1973) se había transformado en una abierta resistencia a ciertos consensos de la elite política.

    Muchos de los políticos encargados de poner en práctica la decisión ciudadana de 2016, incluida la primera ministra May son antiguos convencidos de la impractibilidad de la separación. Hoy están obligados a poner en práctica un mandato referendario que no vino con manual de instrucciones. Con ello, nuevas divisiones se han consolidado. La principal opone a partidarios de un Brexit blando y a los de uno duro. May ha sido la cabeza visible de los primeros, esperanzados en una separación que supusiera cambios casi exclusivamente en política migratoria y en materia de acuerdos comerciales extrarregionales. Como si el Reino Unido viajara de colado en la UE, sin pagar su parte de las expensas comunes del bloque. Del otro lado están los que minimizan los riesgos de un divorcio sin acuerdo. Estos últimos fueron el factor decisivo para bochar el acuerdo al que May había llegado con la UE.

    El mayor motivo de discordia es la solución que el acuerdo proponía (y que la UE continúa proponiendo) a la cuestión de la frontera terrestre entre la porción norirlandesa del Reino Unido y la República de Irlanda. La total libre circulación en la isla que ocupan la república y los seis condados irlandeses del Ulster, que siguen bajo la soberanía de la monarquía, fue uno de los resultados del acuerdo del Viernes Santo, que terminó con el conflicto civil entre unionistas y partidarios de una Irlanda unificada. Lo que habían pactado la UE y May no afectaba en lo inmediato esa circulación, ya que el Reino Unido seguiría siendo parte de una misma unión aduanera con la UE hasta el último día de 2020. Sin embargo, la cláusula del documento referida al día después desató la controversia: si en ese momento no hubiera modo de implantar de controles aduaneros que no restrinjan la circulación, Irlanda del Norte seguiría dentro de la unión aduanera con la UE y el resto del Reino Unido no. Así, una aduana separaría a Irlanda del Norte no de la República, sino de Gran Bretaña, algo inaceptable para los unionistas, que son no sólo la primera minoría política de esa comunidad, sino que tienen una bancada de diputados en Londres sin los cuales el gobierno de May caería, por falta de mayoría parlamentaria.

    Los perdedores del referéndum de 2016, entretanto, se esperanzan. Ante la certeza del caos logístico (el transporte de carga, demorado en los nuevos controles podría tardar días, en vez de horas, en ir y venir desde el continente) y económico de un divorcio sin acuerdo, esperan que haya suficientes arrepentidos entre quienes votaron por irse de la UE como para forzar una nueva consulta. La opción tendría tal vez fuerza si toda la oposición y los eurófilos del oficialismo conservador la abrazaran. Sin embargo, el líder laborista Jeremy Corbyn, euroescéptico a lo largo de buena parte de su carrera, se rehúsa a impulsar un nuevo people vote, porque sabe que para ganar una elección su partido necesita el apoyo de una parte de quienes siguen convencidos de que hay que divorciarse de la UE.

    Justo cuando el invierno boreal debía empezar a quedar atrás, el Reino Unido está sumido en la incertidumbre. Del debate parlamentario de enero quedan las palabras de Michael Gove, ministro de Medio Ambiente, que citó al héroe de ficción Jon Snow para decir, como si se tratara (y tal vez así sea) de Game of Thrones, que si su país rechaza el acuerdo que la UE está dispuesta a ofrecer, winter is coming.

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  • El Vaticano critica la globalización y revisa sus abusos

     

     

    El microestado que lidera el papa Francisco, un ejemplo de “poder blando”. Crítico de la globalización, tiene cuentas pendientes con víctimas de abusos que debe saldar para poder defender a los excluidos de aquella.

     

    Gabriel Puricelli | Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.

     

    Si lo despojamos de todo otro atributo, el Vaticano es el microestado más pequeño del mundo. Enclavado en medio de Roma, con una superficie de menos de medio kilómetro cuadrado y poco más de 900 habitantes permanentes, es más de 50 veces más pequeño y tiene menos de un décimo de la población de Tuvalu, un país de Oceanía que pocos han oído siquiera nombrar y que tal vez termine siendo el primero en desaparecer por el crecimiento del nivel del mar debido al cambio climático. Sin embargo, a nadie se le ocurriría sugerir que el Vaticano es menos importante en el mundo que Tuvalu.

    En el orden internacional vigente las relaciones entre estados no están determinadas por ninguna norma de cumplimiento obligatorio, en tanto cada estado es soberano. El lugar que cada uno ocupa en la jerarquía existente viene dado por el poder a su disposición: su poderío militar, el tamaño y la internacionalización de su economía, la envergadura de su territorio y de su población. Esos atributos constituyen el poder duro del que disponen los estados. Sin embargo, hay atributos de poder blando que también sirven para determinar su importancia relativa. Entre ellos podemos citar la reputación, las habilidades diplomáticas o la disposición a someterse a normas como las que surgen de los tratados.

    El Vaticano posee algunos de esos atributos, pero (por encima de todo) posee la condición única de ser un estado cuyo jefe es reconocido como su máximo líder por 1.300 millones de seguidores, quienes (además) se encuentran repartidos por todos los estados que integran la comunidad internacional. A diferencia de las otras religiones con mayor número de adherentes (el islam y el hinduísmo), la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un clero organizado de manera vertical y centralizada y tiene una única capital mundial: el Vaticano.

    El poder blando del estado que lidera el papa Francisco es en parte el eco del poder duro que alguna vez tuvieron sus predecesores, que controlaron hasta el siglo XIX porciones significativas de la península itálica y cuyos ejércitos pelearon batallas que pueblan los libros de historia.

    No se trata, sin embargo, de un capital destinado automáticamente a agotarse: el Vaticano ha sabido cultivar el arte de la mediación entre estados como un modo de mantener ese capital. Argentinos y chilenos hemos sido beneficiarios de un logro suyo relativamente reciente: en 1978, el enviado del papa Juan Pablo II, cardenal Antonio Samoré, logró sentar a la mesa de negociaciones a los dictadores que, desde Buenos Aires y Santiago, se aprestaban a obligar a millones a combatir en una guerra fratricida por el control de tres islotes en el Canal de Beagle. La condición mayoritariamente católica de ambos pueblos le permitió al Vaticano ejercer presión sobre las dictaduras una amenaza tácita: contraponer la lealtad religiosa de sus feligreses a la obediencia forzada de éstos a la fuerza bruta de las armas.

    El reconocimiento de los otros estados le permite también acrecentar su poder blando: tradiciones como la de conceder a los embajadores del Vaticano (los nuncios apostólicos) la condición de “decanos” del cuerpo diplomático en cada país los inviste de una jerarquía formalmente superior a la de los embajadores de países con un poder duro inconmensurablemente superior al del Vaticano.

    Es por todo ello que su diplomacia cuenta e importan sus definiciones. Bajo el papado actual, el Vaticano se ha propuesto ayudar a promover mejores condiciones de vida para las periferias, concepto que no se refiere simplemente al sur del mundo, sino a todas las regiones de menor desarrollo humano: la periferia puede ser tanto el Congo, como una metrópolis desindustrializada del centro-oeste de los Estados Unidos como Detroit; pueden ser las villas y asentamientos de Rosario y Córdoba o Kosovo. Francisco lo ha graficado con sus dos primeros viajes dentro de Europa, visitando la isla italiana de Lampedusa, punto neurálgico de llegada de la emigración africana, y Albania, el país más pobre del continente. Esa definición de las periferias, para Francisco, es parte de una modernización de la doctrina social de la Iglesia que abarca una crítica de la globalización en tanto produce lo que ha llamado la “economía del descarte”. De allí se desprenden las preocupaciones prioritarias actuales del Vaticano: el combate a la trata de personas y la protección de los derechos de los migrantes. La condena del “descarte” incluye asimismo uno de los temas morales sobre los cuales la Iglesia se mantiene inflexible: el aborto. Esta crítica de la globalización se enlaza con la denuncia del consumismo y su impacto en la degradación ambiental y el cambio climático que contiene la encíclica de 2015, Laudato si(Alabado seas).

    Otra reorientación que se ha consolidado en estos años es la de un Vaticano que deja atrás las inercias del mundo bipolar de la Guerra Fría y sus prohibiciones (más o menos) tácitas para el “Occidente cristiano”. 2018 ha sido el gran año de la apertura hacia China, luego de años de abrirse hacia el conjunto de Asia. El Vaticano ha logrado que el gobierno chino permita que el Papa (como sucede en los demás países del mundo) sea el que decide quiénes son los obispos, a cambio de aceptar la validez de los títulos de los nombrados hasta ahora por ese gobierno. El acuerdo, con el que la Iglesia busca un mayor desarrollo del catolicismo en China, se ha alcanzado sin que se modifique el statu quo sobre Taiwán. Así, el gobierno de Pekín entabla relaciones con el Vaticano en condiciones que no le acepta a ningún otro estado del mundo: a pesar de que mantiene relaciones con lo que considera una provincia rebelde de la única China.

    Francisco llegó a Roma prometiendo también una reforma puertas adentro. Uno de los cambios que dejará su mandato es un reequilibrio geográfico: el Colegio Cardenalicio que elija a su sucesor será el primero que tendrá menos integrantes europeos que de los demás continentes. Otro cambio es la descentralización del poder eclesiástico desde la curia vaticana hacia las diócesis. Para esa tarea convocó a un grupo de cardenales (hoy conocido como C5), como una forma de colectivizar las decisiones sobre la reforma. El grupo original, el C9, se encogió, entre otras razones, porque dos de sus miembros fueron denunciados como responsables de los actos aberrantes que más han mellado la imagen contemporánea de la Iglesia: los abusos sexuales. Esta es la cuestión más urgente que ocupa hoy al Vaticano: en febrero habrá una reunión de todas las diócesis del mundo en Roma para decidir acciones de prevención y reparación.

    A la hora de intentar entender el Vaticano y por qué este importa, es imprescindible inocularse contra la exageración y la sobreestimación que campea en nuestro país desde que un compatriota fue llamado a Roma para servir como papa. Las acciones que se emprenden desde Roma son las de un estado que es a la vez peculiar y uno más de los estados del mundo, y ejerce el poder que tiene, ni más, ni menos.

     

     

  • Sudáfrica: promesa y realidad

     

    Por Gabriel PuricelliCoord. del Programa de Política Internacional delLaboratorio de Políticas Públicas.

     

    El país cuya historia contemporánea se superpone con la trayectoria personal de esa insignia de la humanidad que fue Nelson Mandela, Sudáfrica, sigue lidiando con las consecuencias de un pasado de opresión de las mayorías, 27 años después de que su primer presidente democrático recuperara su libertad, después de (justamente) 27 años privado de ella. 

    Se trata del que fue el último país de África con un régimen de segregación racial, pero no el único donde los colonizadores europeos impusieron esa forma de opresión de la mayoría negra. Apartheidfue el nombre en la lengua afrikáans de los colonizadores holandeses que tuvo ese régimen odioso en Sudáfrica y en la ocupada Namibia. 

    Sudáfrica fue también una de las fronteras calientes de la Guerra Fría, lo cual explica en parte por qué duró tanto la protección tácita que recibió el régimen supremacista blanco de gobiernos como los de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, al menos durante un tiempo. Reagan llegó al extremo de poner el CNA en la lista de organizaciones terroristas que compila el Departamento de Estado de EE.UU., lista donde permaneció hasta 2008 (sic). No fue sino luego de la caída del Muro de Berlín que la minoría blanca gobernante (una parte de cuyos líderes estaban ya convencidos de la insostenibilidad del apartheid) se allanó finalmente a negociar con el Congreso Nacional Africano (CNA) de Mandela. 

    Sudáfrica empezó a destacarse como el país más industrializado de su continente ya bajo el régimen racista, pero la propiedad de la industria (y la pujante minería de diamantes y oro y la agricultura) estaba monopolizada por los descendientes de los colonos holandeses o ingleses. Cuando maduró el tiempo de la transición pacífica a la democracia, la instauración del principio de “un hombre, un voto” en las urnas carecía entonces de la mínima correspondencia con el poder económico. Ese fue uno de los puntos que el CNA puso sobre la mesa de la negociación con el gobernante Partido Nacional y, aunque hoy ya hay una larga lista de millonarios negros (incluido el actual presidente Cyril Ramaphosa), la participación de la mayoría negra en el poder económico sigue siendo un tema sin resolver. 

     

    Ramaphosa y Zuma

     

    Entre la liberación de Mandela, en 1990, y su elección como jefe de estado, en 1994, hubo un período de trabajosas negociaciones que fueron exitosas en desactivar el potencial de guerra civil que tenía el cambio de régimen. En medio de ellas, en 1993, el último presidente afrikáner, Frederik De Klerk, y Mandela recibieron el Premio Nobel de la Paz. Ambos líderes se propusieron evitar un retorno al período de fuerte represión estatal y violencia opositora que había marcado los años entre 1985 y 1989. Esa violencia y el endurecimiento de las medidas internacionales de boicot habían prácticamente frenado la economía sudafricana: Mandela quería tanto evitar mayor derramamiento de sangre, como asegurarse de que la economía del país estuviera en ascenso cuando a él le tocara inaugurar y luego consolidar la democracia. Las negociaciones sortearon obstáculos extraordinarios. Hubo episodios de violencia black-on-black entre el Partido de la Libertad Inkatha (conservador y mayoritariamente de etnia zulú) y el CNA (progresista y predominantemente de etnia xhosa) que hicieron temer una inestabilidad política luego de las elecciones democráticas. El más impactante hecho de sangre, sin embargo, fue el asesinato, de Chris Hani, Secretario General del Partido Comunista Sudafricano (SACP), en 1993, por un extremista blanco. Los comunistas eran (y son hasta hoy) parte de la Alianza Tripartita que fue el corazón del movimiento de resistencia y pasó a ser la columna vertebral del gobierno democrático, junto al Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU). Su líder asesinado era visto como un posible sucesor de Mandela, después de encabezar durante algunos años el ala paramilitar de la resistencia, el Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación). Las negociaciones superaron estos momentos, pero convencieron a Mandela de que la democracia en el país sería posible sólo si se evitaba la justicia retributiva con los responsables del apartheid. De allí surge una de las iniciativas por las que más es recordado su gobierno (1994-1999): la Comisión de Verdad y Reconciliación. Convencido de que el apartheid no oponía simplemente al estado y a la mayoría negra, sino a dos comunidades étnicas que se necesitaban para mantener el país en marcha (así una de ellas sólo representara el 10% de la población), Mandela optó por la justicia restaurativa, evitando la sanción de los crímenes políticos cometidos a cambio de confesiones y arrepentimientos y de compensaciones a las víctimas. 

    Mandela fue presidente y cumplió con casi todas las expectativas que había respecto de un período inaugural. El CNA emergió como el partido dominante, no obteniendo en ninguna elección presidencial menos del 60% de los votos. Los gobiernos del CNA posteriores a Mandela han lidiado de manera por lo menos despareja con las expectativas que suscitaron. La esperanza de la emancipación económica de la mayoría negra es una de las que menos se han cumplido: a pesar de un manejo macroeconómico relativamente prudente y de años de crecimiento económico casi ininterrumpidos, Sudáfrica es hoy un ejemplo de hiperdesocupación: en todo lo que va del siglo XXI, la tasa de desempleo nunca ha bajado de un astronómico 25%. 

    Una pregunta a la que se enfrentó el CNA una vez establecido como partido dominante era si iba a eludir la deriva autoritaria que ha sido típica de los movimientos de liberación africanos de la segunda mitad del siglo XX. La respuesta es positiva: la democracia nunca ha dejado de ser competitiva y enfrente del CNA siempre ha habido unas oposiciones vibrantes y con cuotas de poder provincial o municipal significativas. Pero no ha sido sólo la oposición la que se ha asegurado que no haya una deriva autoritaria: el propio pluralismo interno del CNA ha hecho su parte. En efecto, cuando el CNA percibió que el presidente iba en una dirección indeseada, se encargó de reemplazarlo: ninguno de los sucesores de Mandela ha podido finalizar su segundo mandato. En 2008, Thabo Mbeki fue forzado a renunciar, cuando, impedido de presentarse para un tercer mandato presidencial, buscó en cambio hacerse con la presidencia del partido. El autor de su caída fue Jacob Zuma, que tampoco ha logrado completar su segundo mandato: en febrero de este año el CNA lo forzó a renunciar antes de que los cargos de corrupción en su contra se transformaran en un lastre mortal para el partido en las elecciones de 2019. Cyril Ramaphosa, uno de los negociadores de Mandela en los ‘90, sindicalista devenido millonario con intereses en la minería y en la agricultura es el nuevo presidente y la nueva prueba de que los contrapesos institucionales en Sudáfrica funcionan. 

    El más pequeño de los BRICS, la tercera economía de África (aunque sólo detrás de Egipto y de Nigeria porque éstos tienen el petróleo del que Sudáfrica carece), es un actor internacional de peso y un poder regional. Miembro como la Argentina del G20, es un país luchando por parecerse a la promesa que trajo la llegada de la democracia. Ha sido capaz de sortear algunas de las trampas en las que cayeron sus vecinos, pero necesita recordarse a sí mismo todos los días las palabras de Madiba Mandela: “mientras haya pobreza, injusticia y persista una grosera desigualdad en el mundo, ninguno de nosotros puede de verdad descansar”.