Economía

El año que vivimos en peligro

 

 

 

Por Gastón Utrera | Presidente de Economic Trends S.A. 

 

La economía argentina se caracteriza por la frecuencia y profundidad de sus crisis económicas y financieras. Los economistas tucumanos Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, en un detallado análisis de la historia argentina, detectaron 28 crisis en los 180 años que van desde 1823 a 2002, que insumieron 49 años, es decir, 27,2 por ciento del tiempo. Casi un tercio del tiempo viviendo años de crisis.

Tal vez por eso no parezca excepcional lo ocurrido durante 2018: el tipo de cambio se incrementó casi 110 por ciento, la inflación finalmente rondará el 48 por ciento y la actividad económica habrá caído alrededor de 2 por ciento. Son números que reflejan una inestabilidad macroeconómica muy grande.

A diferencia de otros episodios registrados en la larga historia de crisis económicas y financieras, esta vez no hubo problemas con los bancos que resistieron la suba del tipo de cambio porque, a diferencia de 2001, no hubo descalce de monedas (créditos en dólares a personas y empresas con ingresos en pesos).

Sí hubo, en cambio, problemas con la deuda pública que, sin llegar al extremo del default de fines de 2001, incrementó la relación deuda/PBI de alrededor de 55 por ciento a más del 80 por ciento, como consecuencia de que en dicho cociente la deuda (en el numerador) está fundamentalmente en dólares, mientras que el PBI (en el denominador) está fundamentalmente en pesos. Y, tal vez más importante aun por sus implicancias económicas y políticas, se generó un problema de iliquidez: los mercados financieros se cerraron para nueva deuda argentina y, por lo tanto, se hizo imposible refinanciar vencimientos de deuda pública.

Esto obligó al Gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) como último recurso, para solicitar un acuerdo stand-by que redujera el riesgo de default y permitiera estabilizar los mercados. El acuerdo, firmando durante junio, establecía para 2018 y 2019 un ajuste fiscal más acelerado que los objetivos iniciales del Gobierno, y una política cambiaria de libre flotación, sin intervención del BCRA en el mercado cambiario. Entre otros compromisos, el acuerdo establecía que en caso de que la inflación anual durante 2018 superara el 27 por ciento, se requeriría consulta con el staff del FMI, y en caso de que superara el 32 por ciento, se requeriría consulta con el directorio de la institución.

Ya en agosto, en medio de una fuerte corrida cambiaria, que llevó al tipo de cambio de 27 a 40 pesos, ante la imposibilidad de cumplir con la meta de inflación, y ante la persistente desconfianza de los mercados financieros, el Gobierno anunció públicamente la negociación de un nuevo acuerdo, que adelantará la mayor parte de los fondos comprometidos (más de 50.000 millones de dólares) al año 2019 para garantizar el pago de la deuda pública, contra el compromiso de déficit primario cero.

El acuerdo estableció una nueva política cambiaria, consistente en un esquema de bandas cambiarias, con un piso de 34 pesos y un techo de 44, ajustables diariamente a un ritmo del 3 por ciento mensual entre octubre y diciembre de 2018 y del 2 por ciento mensual entre enero y marzo de 2019, y a un ritmo a definir, entre abril y junio de 2019, con intervenciones acotadas del BCRA, comprando dólares con emisión monetaria (hasta 50 millones de dólares diarios), sólo en caso de que el tipo de cambio cruce la banda inferior, e intervenciones acotadas, vendiendo dólares (hasta 150 millones de dólares diarios), sólo en caso de que el tipo de cambio cruce la banda superior.

Y estableció también una nueva política monetaria, consistente en emisión nula de dinero hasta junio de 2019, con dos excepciones: una transitoria (la emisión durante diciembre para atender la mayor demanda estacional de pesos) y otra permanente (la eventual emisión de dinero para comprar dólares por debajo de la banda cambiaria inferior).

Estas políticas comenzaron a regir formalmente en octubre con la expectativa, por parte del Gobierno, de estabilizar el tipo de cambio y reducir drásticamente durante 2019 la inflación, al costo de una muy elevada tasa de interés. Logró, al menos inicialmente, lo primero (estabilizar el tipo de cambio) y el transcurso de los meses mostrará si logra lo segundo (reducir drásticamente la inflación).

Se trata de un conjunto de políticas económicas muy recesivas porque generan altas tasas de interés, y con riesgo de nuevos procesos de inestabilidad, porque dejan un amplio rango de evolución del dólar, que podría subir en caso de que se produzca un proceso de dolarización de carteras, algo que tiende a ocurrir en cada año de elecciones presidenciales. Ocurrió, por ejemplo, en 2011 y 2015, cuando se produjo una fuerte demanda de dólares. Pero en aquellas ocasiones el BCRA podía intervenir para impedir bruscas subas del tipo de cambio, algo que durante 2019 no podrá hacer, por el compromiso de no intervención dentro de las bandas cambiarias.

Todo esto puede sonar muy negativo, y de alguna manera lo es, pero es conveniente no perder de vista que, como ha ocurrido siempre en la historia argentina, la inestabilidad económica amplifica los riesgos, obviamente, pero también las oportunidades, algo que suele perderse de vista.

Las oportunidades están vinculadas fundamentalmente a los sectores beneficiados por el nuevo tipo de cambio alto, como las actividades agropecuarias, los distintos tipos de energía, tanto provenientes de hidrocarburos (en especial los no convencionales del yacimiento Vaca Muerta) como de fuentes alternativas (eólica y solar), el turismo receptivo, el software y otros servicios basados en el conocimiento que quedan con bajos costos en dólares.

Y esto tiene implicancias regionales, ya que tienden a favorecer al interior del país con relación a los grandes centros urbanos, más afectados por la fuerte caída del consumo generada por la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Muy importante para pensar el futuro de nuestros pueblos y ciudades del interior.