Por Gabriel Puricelli

Últimos ritos de la democracia en Venezuela

 

Una economía en la que sólo crece la pobreza, una crisis humanitaria que exilia a millones: la Venezuela que quiere seguir gobernando Maduro, en un segundo mandato para el que no ha sido elegido democráticamente.

 

 

Gabriel Puricelli | Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.

 

 

 

Se suelen gastar miles de caracteres antes de llegar a un diagnóstico sobre Venezuela. Muchas veces, el juicio está atado con los alambres de una prudencia malentendida que prefiere no ofender antes que hablar con claridad. Arranquemos pues aquí con dos constataciones: el país que gobierna Nicolás Maduro vive una catástrofe humanitaria no derivada ni de una guerra ni de un cataclismo natural nunca antes vista en la región y dejará definitivamente de ser una democracia si cuando termine su actual mandato, el 10 de enero de 2019, Maduro continúa en la presidencia. 

La catástrofe humanitaria se verifica en casi cualquier indicador que se tome. Los casos de mortalidad materna se incrementaron 65,8 por ciento entre 2015 y 2016; la mortalidad infantil creció un 30,1 por ciento durante el mismo período. Para dar el menor margen posible a un debate sobre los datos mismos, los anteriores surgen de estadísticas oficiales: los usamos a sabiendas de que no sólo ya son viejos, sino de que no reflejan la aceleración que han tenido las tendencias negativas en los últimos 18 meses. 

El telón de fondo es una hiperinflación proyectada para 2018 de un millón por ciento, lo que implica la destrucción total de la moneda y tiene como consecuencia un desabastecimiento de productos de primera necesidad que sólo es paliado en parte por la distribución gubernamental de bienes de la canasta básica, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

La pobreza, que había caído desde el 54 por ciento en 2003 hasta el 21,2 por ciento en 2012, año en que invirtió tendencia y empezó a subir fuertemente, dejó de ser medida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015, cuando alcanzó el 33,1 por ciento. Desde entonces, la referencia más utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que llevan a cabo la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). De acuerdo a ese estudio, a fines de 2017 la pobreza abarcaba al 87 por ciento de la población, incluyendo un 61,2 por ciento de pobreza extrema. Aun considerando los problemas de comparabilidad entre los datos del INE y la Encovi, el crecimiento de la pobreza no puede sino ser vertical, dado el contexto hiperinflacionario. 

 Nadie que viva en el continente americano necesita de estadísticas para formarse una idea de la debacle venezolana. El contacto con emigrantes recientes de Venezuela es cotidiano y particularmente intenso para los usuarios de servicios de entrega a domicilio, uno de los rubros de la economía precaria que más ha absorbido la demanda de trabajo de esos emigrados, habitualmente sobrecalificados para sus nuevos empleos. El último informe “Tendencias migratorias en las Américas”, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publica periódicamente, señala que la emigración venezolana hoy se acerca a 2.700.000 personas, es decir, más del 8 por ciento de la población total del país o más del triple de la emigración argentina, que ronda el 2,4 por ciento de nuestra población. Los datos de la emigración hacia nuestro país muestran que el otorgamiento de permisos de residencia se duplicó entre 2014 y 2015 y se volvió a duplicar entre 2015 y 2016, hasta casi 13.000. Siempre de acuerdo a la OIM, en los primeros cinco meses de 2018, el saldo migratorio de venezolanas y venezolanos en Argentina (la diferencia entre quienes ingresaron y quienes salieron del país) llegó a 35.000 personas. Así y todo, se trata de una proporción ínfima de los dos millones que hoy están distribuidos en todos los países del continente, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. 

El tobogán venezolano requiere de largas explicaciones, pero si hubiera que identificar un factor de enorme importancia habría que decir que en el espectro de la gestión económica de los gobiernos autoritarios, Venezuela está en el extremo opuesto a China. Para Deng Xiaoping, padre de las reformas económicas en aquel país a fines de los ´70 no importaba el color del gato, sino que cazara ratones. Para el gobierno de Maduro parece no importar que el gato sea incapaz de nada, mientras la actividad económica esté en manos de cuadros militares o empresarios afines. Las estatizaciones de compañías alimentarias y la chavización del gerenciamiento de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde los partidos tradicionales tenían sus fichas antes del chavismo, dejaron en evidencia que no había noción alguna de eficacia o de eficiencia en la intervención estatal. La idea de estatizar lo que está en manos de opositores y de subsidiar los emprendimientos privados de los amigos (la denominada “boliburguesía”, con un muy mal ganado prefijo de “bolivariana”) resultó ajena a cualquier lógica económica y estuvo imbuida de un apetito de poder que se terminó comiendo la cola. 

 En lo político, Maduro se aseguró de que nadie pudiera impulsar cambios por la vía constitucional. Aunque las violaciones a los derechos humanos venían de antes, desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 el desguace del orden constitucional se hizo sistemático y el gobierno abortó cada posibilidad de encauzar la disputa política en un marco de paz y respeto. En primer lugar, entró en un conflicto de poderes con la Asamblea Nacional cuando los ciudadanos decidieron sentar allí a una mayoría opositora. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro intentó usurpar los poderes legislativos, maniobra que se frustró por la intervención decidida de la entonces Fiscal General, la chavista Luisa Ortega. Acto seguido, Maduro bloqueó la posibilidad de que se realizara un referéndum revocatorio de su mandato. Luego de ello, convocó a elegir una asamblea constituyente sin realizar la consulta popular previa sobre si la ciudadanía quería reformar la carta magna, tal como prescribe la Constitución. Una vez electa la asamblea, tras una elección de partido único, ésta se alzó con los poderes de la Asamblea Nacional. Postergó por más de un año las elecciones de gobernadores de los estados y luego de la elección, impidió la asunción de uno de los opositores por rehusarse a jurar ante la autodenominada asamblea constituyente. 

Lo que restaba de democracia era la legitimidad del mandato de Maduro, quien había sido electo en 2013 en elecciones competitivas y razonablemente limpias, derrotando por un ínfimo margen de 1,5 por ciento de los votos a Henrique Capriles. Pues bien, el presidente se encargó de romper ese último cristal en el bazar: adelantó para mayo de 2018 las elecciones para consagrar a quien debería gobernar Venezuela a partir de enero de 2019, que deberían haberse realizado en diciembre. El Consejo Nacional Electoral inhabilitó a los candidatos y partidos más representativos de la oposición. En esas condiciones (y con ayuda de parte de la oposición, que con su abstención resignó la posibilidad de ganar que sugerían las encuestas), Maduro se hizo elegir. Su segundo mandato comienza en pocas semanas, sin la legitimidad de origen del primero. Cierra así la puerta, por ahora, a una resolución democrática de una crisis que amenaza no dejar más que el esqueleto de lo que alguna vez fue Venezuela.