Por Roxana González

Derecho al olvido o cómo borrarse de la web

¿Se puede exigir a los buscadores que eliminen datos que se consideran perjudiciales para la vida personal? La protección de la privacidad versus el derecho a la información.

 

Por Roxana González | Periodista

 

Uno es lo que el ciberespacio dice de uno. Todo queda allí archivado, a la vista del mundo: el propio y el de los otros. A veces se trata de información que uno mismo ofrece, con mayor o menor grado de conciencia, voluntariamente.  

Pero también están esos datos que se filtran, como ocurrió en el caso de Facebook y Cambridge Analytica, que otros comparten con el fin de hacer daño. O, en el mejor de los casos, que se difunden para informar sobre algún asunto que se considera relevante. ¿Y si ese dato se considera personal? ¿Cuál es el límite entre lo público y lo privado? Son muchas las cuestiones que hay que considerar y todo depende desde qué perspectiva se consideran. Y sobre todo, del lugar donde se encuentre el usuario.  

En Europa, desde 2014, los ciudadanos pueden solicitar a los buscadores que supriman o quiten información personal que se considera obsoleta, irrelevante o que carece de interés público. Esto es conocido como derecho al olvido y surge a partir del caso Mario Costeja.  

Costeja es un abogado español que se embarcó en una lucha contra Google porque quería que el buscador dejara de indexar una publicación donde su nombre aparecía vinculado a un embargo por una deuda. Costeja consideraba que el tema ya estaba solucionado (la deuda ya estaba saldada), no era relevante y por lo tanto tenía que desaparecer de la web. 

Su caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en 2014 y le dio la razón. Desde entonces, los usuarios pueden solicitarles a los buscadores que eliminen los links que lleven a páginas donde se incluyan datos personales para hacer valer su derecho al olvido. 

Así es que los diferentes buscadores como Google, Yahoo o Bing cuentan con una solicitud para que los usuarios completen y pidan que se respete este derecho. Esas solicitudes son luego evaluadas y la empresa decide si las acepta o no.  Y el usuario, en caso de que no esté de acuerdo con la negativa, puede iniciar acciones legales para que se retire esa información. Así funciona en la Comunidad Europea. 

De hecho, a fines de abril Google se vio forzado a borrar información sobre un exconvicto en Inglaterra. Fue porque el juez Mark Warby entendió que debía primar el derecho al olvido para preservar la intimidad de la persona. El caso en cuestión era sobre un empresario que había sido condenado a seis meses de prisión hacía 10 años por interceptar comunicaciones. 

Ahora bien, ese mismo juez le negó la solicitud a otro empresario que también pedía que se eliminara una condena previa. Pero en ese caso, el magistrado dijo que la persona había continuado haciendo otros engaños y “no se había mostrado arrepentido”. 

Como se ve, en gran parte la capacidad de hacer valer el derecho al olvido depende del tema o juez en cuestión. Cabe destacar, igualmente, que este derecho al olvido (así, tal como se conoce) rige sólo en  la Comunidad Europea y que ahora además quedó regulado por una nueva ley de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés) que entró en vigencia en Europa a partir del 25 de mayo. En esta norma se especifica que “este derecho no es absoluto, sino que se protegen también otros derechos como el derecho a la libertad de expresión y a la investigación". 

 

La situación en Argentina

En Argentina están contemplados los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Allí se establece, por ejemplo, que el usuario puede pedir supresión de datos personales cuando haya información errónea o falsa. Se establece, sin embargo, una excepción: “La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos”. 

También se remarca que los antecedentes penales o contravencionales “sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”.

Y en cuanto a la información crediticia, se destaca que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”. 

 

La responsabilidad de los buscadores 

En la Argentina, según surge de los fallos en los casos María Belén Rodríguez y Valeria Gimbutas, la responsabilidad de los buscadores surge cuando no eliminan la información no bien son intimados a hacerlo por medio de una orden judicial. 

A su vez, se establece una excepción y es que en el caso de ilicitudes manifiestas y groseras -como ser la difusión de videos o fotos íntimas, información que desbarate investigaciones judiciales o que hagan apología a la violencia, racismo u otras formas de violencia- alcanza con solicitar que se retire la información por medio de una carta documento.  

Se estima que hay unos 50 casos en el país en los que los buscadores fueron hallados responsables por la Justicia. Uno de los más conocidos fue el de Jesica Cirio que le ganó a Google por la aparición su nombre en sitios de prostitución vip y fue indemnizada con 500 mil pesos.  

Pero no es el único ejemplo de demandas a buscadores por indexar información que se consideraba lesiva del honor o errónea: también lograron torcerle el brazo a los gigantes informáticos Paola Krum, Nicole Neumann, Analía Maiorana y Wanda Nara, entre otras. 

En la actualidad hay un proyecto de ley sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet que tiene media sanción del Senado. Allí se describen como intermediarios o proveedores de Internet a los buscadores, los sitios, los proveedores de conectividad y servicio de almacenamiento.  

Según se destaca en el proyecto de ley, los proveedores de Internet no serán responsables por los contenidos de terceros, excepto cuando habiendo sido notificados por medio de una orden judicial sobre una remoción o bloqueo, no cumplan con ese pedido.  

Como se ve, para solicitar que se quite un contenido se debe apelar primero a expedir una solicitud al buscador, pero no hay un mecanismo que garantice que el mero pedido vaya a implicar que se bloquee o borre la información.