Por Martín Becerra

La transición como ley

 

Macri habla de mejorar las comunicaciones pero hasta ahora carece de un plan integral

 

El proyecto de “ley corta” en telecomunicaciones es centralista, atiende sólo las necesidades de grandes operadores y elude la consideración de cooperativas y PyMEs que atienden a gran parte de las comunidades fuera de los principales centros urbanos del país. Su debate en el Congreso es una oportunidad para superar la lógica fragmentaria con la que el gobierno ha guiado hasta ahora su política de comunicaciones.

 

 

Por Martín Becerra | Prof. e investigador UBA, UNQ y Conicet

Cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri inició una saga de modificaciones en la regulación de las comunicaciones que presentó como un “régimen de transición” hasta que el Congreso (como manda la Constitución) debatiera un proyecto de ley de "convergencia en las comunicaciones". Con el correr de su mandato, el gobierno haría cambios parciales pero profundos que impactarían en la grilla de la tv por cable, en la producción y circulación de contenidos locales, en las alicaídas economías de los medios masivos, en las posibilidades de cruce entre grandes operadores de telecomunicaciones, de Internet y de televisión paga, en los niveles de empleo de la industria de la comunicación y en el nivel de inversión en redes físicas que repercute en la calidad de servicio y precios que los argentinos pagan por conectarse, informarse y entretenerse. 

El tiempo pasó. A dos años y medio de aquellas promesas, el proyecto integrador, modernizador y consensuado en materia de comunicaciones convergentes nunca fue presentado en sociedad por el oficialismo (sí por una de las fuerzas opositoras, el Partido Socialista, que hizo pública su iniciativa en mayo de 2017). En cambio, en este lapso la gestión Macri creó y diluyó todo un Ministerio de Comunicaciones y el área, ahora subsumida dentro del Ministerio de Modernización, continúa con la inercia de aplicar parches fragmentarios en el sector de las comunicaciones. 

El carácter parcial y, la mayoría de las veces, sesgado en favor de un actor corporativo, horada la dinámica innovadora en productos y servicios que es inherente al sector audiovisual, a las telecomunicaciones y a Internet en tiempos de digitalización, e impide que el resto de los actores, sobre todo los cooperativos, los comunitarios y los pequeños y medianos, planifiquen a mediano plazo su desarrollo en el entorno de las comunidades en las que prestan servicios. 

Un ejemplo cabal de la ausencia de mirada integral del sector es el proyecto de la llamada “ley corta” en telecomunicaciones, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso en marzo pasado. Pese a la intención de "nivelar la cancha" y de señalar que "la reglamentación que se dicte deberá propender a que la autoridad de aplicación al ejecutar la disposición favorezca el ingreso de nuevos operadores y la sustentabilidad de Cooperativas y PyMEs", el texto del proyecto contiene aspectos preocupantes para los actores locales y sin poder significativo de mercado en los servicios de telecomunicaciones, audiovisual de pago y TIC que, en la Argentina, estuvieron históricamente discriminados frente a los más grandes, lo que condicionó su escaso acceso a los recursos públicos esenciales para prestar servicios a nivel nacional. 

Las condiciones establecidas en el proyecto para que las telefónicas ingresen al sector de la tv paga a través de una oferta satelital incluso en localidades de pequeña escala; el cambio en el rol de ArSat al servicio de una próxima licitación a la medida -nuevamente- de los operadores dominantes del sector y el tipo de apertura y compartición de redes e infraestructura física merecen especial atención. De concretarse en los términos en que está redactada la propuesta, significará la desaparición o amenaza cierta para cientos de actores clave y voces locales que dinamizan el sistema de comunicaciones en la Argentina. 

El proyecto de “ley corta” del gobierno nacional deja de considerar las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones, que hasta ahora -y con tensiones lógicas- había reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y PyMEs en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados). La perspectiva mercantilista de la ley corta elude contemplar el rol de cooperativas y emprendimientos pequeños y medianos en las economías regionales, pues su diseño obedece a una necesidad coyuntural (compensar a Telefónica de los beneficios dispensados al Grupo Clarín en plena fusión entre Cablevisión y Telecom). Además, su sesgo es marcadamente unitario y centralista, ya que proyecta al conjunto del heterogéneo territorio nacional las características del mercado de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Congreso tiene la oportunidad de aprovechar el boceto fragmentario del Poder Ejecutivo para repensar la política de comunicaciones en su conjunto, escuchar a actores con lógicas, funciones y emplazamientos diversos, y realizar aportes que superen el enfoque cortoplacista para que el “régimen de transición” dé lugar a una planificación armónica del desarrollo nacional con las comunicaciones como eje vertebrador.